El Presidente del Superior Tribunal le marcó la cancha al Gobernador: Le recordó que normativa establece que el procedimiento es aleatorio -no voluntario- y que los resultados del examen deben ser considerados “datos sensibles”La disputa excede al tan promocionado 'narcotest' para los funcionarios, es un tema más profundo y cada sector va moviendo las fichas en el tablero de este ajedrez convulsionado desde la asunción de Claudio Poggi. Desde el Ejecutivo vienen "limando" cotidianamente al Poder Judicial, de diferentes maneras y desde la Justicia, con sobriedad -pero no sin menos picardía- van respondiéndole con las herramientas que tienen a mano. Lo hemos dicho en este períodico digital, al promociona su examen, el gobernador primero y los ministros que lo siguieron despúes, y finalmente el vicegobernador Ricardo Endeiza violaron la ley que ellos mismos aprobaron, que determina en su artículo 3 que el examen debe ser aleatorio y no cuando ellos quieran. Ver este artículo sobre el particular que trata el caso del gobernador. ARTICULO 3º.- El examen establecido en el Artículo 1º, será de carácter obligatorio, deberá realizarse anualmente y de forma aleatoria, mediante un procedimiento que garantice la transparencia e igualdad de tratamiento en la selección de los funcionarios que deban someterse al mismo. Dicho esto, el actual Presidente del Superior Tribunal -que viene siendo jaqueado por el "nado sincronizado" del aparato mediático para estatal del gobierno, marcó algunas pautas e hizo una interpretación de lo que la ley dice y sin manifestarlo abiertamente, lo que de ella vienen violando los funcionarios del Ejecutivo. Por ejemplo, les dice que en el Poder Judicial cumplirán la ley, pero que a pesar de que muchos ya se han hecho los exámenes y mostrado públicamente, la misma no está reglamentada y de paso le cita a Fray Mamerto Esquiu en la Asamblea General Constituyente de 1853; también que el procedimiento sea aleatorio -no voluntario- y que los resultados del examen sean considerados “datos sensibles” en los términos de la Ley Nacional Nº 25.326; y finalmente, le recuerda que “El costo de cada estudio está valuado en 100 mil pesos aproximadamente, en el Poder Judicial somos 300 funcionarios, lo que implicaría un gasto total de 30 millones de pesos". Y ese es uno de los nudos gordianos del conflicto entre el Ejecutivo y el Poder Judicial; Poggi no quiere aflojar un peso para la Justicia y seguir achacándole ineficiencia, mientras que los jueces siguen reclamando presupuesto e infraestructura. Entre los jueces en calzoncillos que sacaba El Diario cuando lo comandaba Adolfo Rodríguez Saá y el "nado sincronizado" de los medios afines a Poggi, no hay demasiada diferencia. También es cierto que la justicia está en buena medida colonizada por el Albertismo. Nada nuevo. Al fin y al cabo, son todos integrantes de un mismo equipo, que hoy se muestran los dientes aunque ayer hayan jugado codo a codo. Y bien se sabe que no hay peor astilla que la del mismo palo. Lo que informa el sitio oficial del Poder Judicial LEY DE NARCOTEST: “ES UNA DISPOSICIÓN INSTITUCIONAL QUE BUSCA PREVENIR LA SALUD Y LA FUNCIÓN DE CADA UNO” En el marco de la aprobación y promulgación de la Ley N° V-1146-2024, que establece para los funcionarios públicos que se desempeñen en el nivel jerárquico y/o político de los tres Poderes del Estado Provincial, se realicen un examen toxicológico preventivo, el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Eduardo Allende, declaró públicamente, que el Poder Judicial cumplirá con la Ley, de acuerdo a la reglamentación que se disponga oportunamente, considerando la misma, como “una disposición institucional que busca prevenir la salud y la función de cada uno”. Citando a Fray Mamerto Esquiu (en la Asamblea General Constituyente de 1853), quien manifestaba: “Obedeced, señores, sin sumisión no hay ley; sin ley no hay patria, no hay verdadera libertad, existen sólo pasiones, desorden, anarquía, disolución”, el titular del Alto Cuerpo Judicial, afirmó que, desde la justicia provincial, “daremos cumplimiento acabado con la ley”. No obstante, recordó que se debe tener en cuenta que dicha normativa establece que el procedimiento sea aleatorio -no voluntario- y que los resultados del examen sean considerados “datos sensibles” en los términos de la Ley Nacional Nº 25.326, la que será aplicable en todo cuanto sea compatible con la presente norma. En este sentido, “la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido a la adicción como una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación”, sostuvo. La adicción es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales (OMS). Muestra de esta concepción sobre las adicciones, es el proyecto de la Organización Panamericana de la Salud que propone un “Abordaje Integral de la Concurrencia entre Trastornos por Uso de Sustancias y otros Trastornos Mentales y de la Conducta, en países de América Latina”, el que se enmarca en los acuerdos desarrollados en materia de salud pública, entre la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), el Gobierno de España y el Instituto Nacional de Psiquiatría (Centro Colaborador OMS), para fortalecer el enfoque de la salud pública en el abordaje de los problemas relacionados con el uso de sustancias en los países de las Américas. Como así también, tener presente la vigencia de la legislación nacional sobre salud mental. “Los argentinos debemos ser esclavos de la Ley, sin ley no hay libertad real. Si hay una ley, la vamos a respetar… estamos a la espera de la reglamentación de la misma”, finalizó el Presidente del Alto Cuerpo Judicial. SOBRE LOS COSTOS DEL NARCOTEST En este mismo orden, consultado por el gasto presupuestario que implicará llevar adelante los referidos análisis, el Dr. Allende informó que esta semana ha remitido nota al Ministro de Gobierno y Justicia, Dr. Facundo Endeiza, para solicitar un refuerzo de la partida presupuestaria, toda vez que el importe que fuera aprobado en el presupuesto 2024 y 2025 del Poder Judicial, no contempla el monto correspondiente para afrontar los gastos que demande la Ley mencionada, que, una vez reglamentada la misma, se informará la cuantía del refuerzo. “El costo de cada estudio está valuado en 100 mil pesos aproximadamente, en el Poder Judicial somos 300 funcionarios, lo que implicaría un gasto total de 30 millones de pesos”, explicó el magistrado. Informe: Gustavo Senn |
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