El conflicto está lejos de resolverse: ATE denunció “especulación financiera”, por parte de la Municipalidad de San Luis

La Asociación de Trabajadores del Estado -ATE San Luis- repudió las maniobras financieras (especulación, bicicleta financiera) de la Municipalidad de San Luis con los recursos del Estado y denunció que ello “hace pasar serias necesidades a las y los trabajadores municipales, sin ningún tipo de lógica admisible”. Sostienen que con los intereses de los fondos disponibles, “podrían haber dado un monto de $150 mil pesos de aumento al personal municipal, sin tocar los depósitos que tienen guardados”.

El Consejo Directivo Provincial hizo esta afirmación al conocer el informe Ejecución Presupuestaria del Primer Trimestre 2024, presentado al Concejo deliberante con fecha 30 de mayo 2024. “El relato y las mentiras del Intendente Hissa quedan invalidados ante tan contundente información pública, a partir de la cual queda demostrado que tal cual venimos afirmando desde ATE, es una decisión política de Hissa empobrecer cada día más a los integrantes de la familia municipal, porque existen recursos de sobra para mejorar la condición salarial de los y las municipales”, sostiene el CDP.

Desde ATE explicaron que el municipio ha informado un superávit de más 1.200 millones de pesos, aparte de los recursos no declarados depositados en el Banco Galicia que han dado de intereses $309.600 millones de pesos. “Sólo con los intereses de esta ‘timba financiera’, podrían haber dado un monto de $150 mil pesos de aumento al personal municipal, sin tocar los depósitos que tienen guardados”, subrayó el sindicato.

En este marco el CDP sentenció que “es acto criminal especular en momentos de crisis, más con la necesidad de las y los trabajadores, peor aún con recursos del Estado”.

Por ello exige “un urgente aumento de emergencia a todo el personal municipal de la ciudad de San Luis, y que el intendente y los funcionarios expliquen tan reprochable conducta que atenta contra el bienestar de la familia municipal y contra los usuarios de los servicios”.

El CDP dijo que “es acto criminal especular en momentos de crisis, más con la necesidad de las y los trabajadores, peor aún con recursos del Estado”.