Máximo Kirchner presentó un proyecto que pone freno a la venta de acciones de Aerolíneas

La iniciativa del diputado y titular del PJ bonaerense busca prohibir la transferencias de acciones de la línea área sin la autorización de los dos tercios de los miembros de ambas Cámaras en el Congreso.

El titular del PJ bonaerense Máximo Kirchner presentó un proyecto que busca reformar la ley de estatización de Aerolíneas Argentinas para prohibir la transferencias de acciones de la línea área sin la autorización de los dos tercios de los miembros de la Cámara de Diputados y del Senado.

La iniciativa apunta a evitar que en el futuro se intente un desguace sin la intervención del Congreso ante el hecho de que los precandidatos Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, como también el postulante de La Libertad Avanza Javier Milei, hablan de privatizar empresas públicas, señalaron desde el equipo del legislador a través de un comunicado.

En los fundamentos del proyecto, el diputado planteó que el objetivo es "proteger lo conseguido y ahuyentar a los 'fantasmas privatizadores'", como también "poner límites a quienes disfrazados de eficientes gestionadores privados quieren hacer pingües negocios personales".

La iniciativa presentada en la Cámara baja propone reformar la ley 26466/2008, que declaró de utilidad pública y sujetas a expropiación las acciones de las Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral S.A., y prohíbe expresamente "la transferencia de las acciones" sin una autorización previa del Congreso.

El proyecto de ley impulsado por Kirchner detalla además que la autorización del Parlamento a cualquier transferencia de acciones de Aerolíneas requerirá de la aprobación con el voto favorable "de las dos terceras partes del total de los miembros de cada Cámara".

Para modificar la ley 26466, la propuesta promueve la incorporación de un párrafo al primer artículo de la normativa, lo que que permitiría incluir en el texto de la norma el mismo requisito que figura en el artículo 10 de la ley 26741/2012, por la cual se expropió el 51% de las acciones de la petrolera YPF.

En el artículo 10 de la ley que pasó al Estado la mayoría del paquete accionario de YPF se dejó constancia que, como la expropiación se debió a una causa de utilidad pública, "se encuentra prohibida la transferencia futura de ellas sin autorización del Honorable Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros".

En el resumen que acompaña el proyecto se planteó que la necesidad de restringir a través de una ley cualquier cesión o transferencia de acciones se debe a la proliferación de "discursos irresponsables, alejados de la mirada estratégica que debe tener la construcción de un país para todos y todas".

"Se pretende volver a cero el esfuerzo que tanto le ha costado al pueblo argentino para reconstruir las empresas públicas luego de la estafa de las privatizaciones. Otra vez se impulsa la excusa de una empresa deficitaria que debe cerrar o debe estar en manos privadas, como una idea nueva", se advirtió en el documento.

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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