Pidieron informes de la cuenta de Nisman en Estados
Unidos
El nuevo fiscal federal de la causa por la muerte
de Alberto Nisman pidió el informe de la cuenta bancaria que
el fallecido fiscal de la causa AMIA tenía en el banco norteamericano
Merril Lynch con su asesor informático Diego Lagomarsino.
El fiscal Eduardo Taiano también requirió
a la Dirección Nacional de Migraciones el registro de los viajes
que ambos realizaron al exterior entre 2007, año de la designación
de Lagomarsino en la UFI-AMIA, y 2012, cuando al parecer fue abierta
esa cuenta.
Taiano, a quien el juez federal Julián Ercolini delegó
la investigación, incluyó ambos pedidos en un paquete
de nueve nuevas medias de prueba que marcan el pase efectivo de la
investigación a la justicia federal, tal como ordenó
por la Corte Suprema.
El fiscal solicitó al juez federal Claudio Bonadio “remitir
copias certificadas de la documentación de la entidad financiera
Merrill Lynch Banco of América, obtenida vía exhorto;
más precisamente de los movimientos bancarios de la cuenta
titularidad de Natalio Alberto Nisman y Diego Angel Lagomarsino”,
el técnico informático que, según declaró,
le dio al fiscal el arma que le quitó la vida.
La cuenta tuvo movimientos entre 2012 y 2014 por unos 600 mil dólares
ingresados desde diferentes cuentas de terceros, entre ellas una a
nombre del empresario Damián Stefanini, misteriosamente desaparecido
a fines de junio de 2014.
El fiscal de la causa AMIA, hallado muerto el 18 de enero del 2015,
figuraba como apoderado de esa cuenta, vale decir con poder para operarla,
mientras que como titulares figuraban Lagomarsino, la madre del fiscal
fallecido, Sara Garfunkel y su hermana, Sandra Nisman.
La existencia de esa cuenta fue llevada a la causa por la ex esposa
de Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado, luego de que Sandra Nisman
le revelara su existencia al comenzar la investigación por
la muerte del fiscal, a cargo entonces de la fiscal criminal Viviana
Fein.
Por la cuenta y la compra de propiedades se abrió una causa
por presunto lavado de dinero en la que Garfunkel, Sandra Nisman y
Lagomarsino fueron citados a indagatoria por el juez Rodolfo Canicoba
Corral, antes de que la Cámara Federal lo apartara y fuera
reemplazado por Bonadío.
El pedido de Taiano presupone su intención de seguir esa linea
de investigación como una de las posibles causales de la muerte
de Nisman y apunta directamente a una eventual responsabilidad del
informático Lagomarsino, tal como reclamó Arroyo Salgado.
Aunque la investigación no determinó aún si
se trató de un suicidio, de un asesinato o de una suicidio
inducido, las querellas de los familiares de Nisman dan por sentado
que se trató de un crimen vinculado a su posición funcional
como jefe de la Unidad que investiga el atentado a la AMIA de 1994.
Otro signo de la reactivación de la causa en el fuero federal
será la declaración testimonial que a partir de mañana
y hasta el 20 de octubre comenzarán a prestar ante la fiscalía
de Taiano 19 empleados de la UFI- AMIA, que ya habian comenzado a
hacerlo ante la jueza criminal Fabiana Palmaghini.
El fiscal también pidió que declare como testigo Damián
Parcher, quien la noche que Nisman fue encontrado muerto en su baño
escribió en su cuenta de twitter que algo estaba sucediendo
en la casa del fiscal.
Pachter declarará por videoconferencia ya que reside en Israel,
a donde viajó luego de denunciar que había sido amenazado.
Por último, el fiscal ratificó la realización
de la junta interdisciplinaria con especialistas médicos y
criminalistas que analizarán todas los peritaje técnicos
realizados en la causa, pero se dio tiempo para fijar la fecha una
vez que los haya analizado su propia fiscalía.
Los peritos de parte designado por Arroyo Salgado impugnaron los
resultados de los gabinetes de criminalística y quimica forense
de la Policía Federal, por lo que uno de los puntos de interés
es saber si Taiano los convocará a un nuevo debate o los reemplazará
por especialistas de otras fuerzas de seguridad.
Nisman fue encontrado muerto la noche del 18 de enero del año
pasado en el baño de su departamento de Puerto Madero, cuatro
días después de denunciar a la entonces presidente Cristina
Fernández de Kirchner y al canciller Héctor Timernan,
entre otros funcionarios y políticos, como supuestos encubridores
del atentado a la AMIA a través de la firma del memorándum
de entendimiento con Irán.