Opinión por Alberto “Tochi” Moreno
Informática para información
El acceso a la información pública es un derecho que
nos corresponde a todos los ciudadanos. Para saber qué y cómo
hacer; para conocer el accionar de nuestros gobernantes y legisladores,
para evaluarlos y exigirles como corresponde.
Los avances en la informática hacen muy fácil el poder
acceder a la legislación, sus decretos de promulgación,
de reglamentación, etc.
La Nación cuenta desde hace muchos años con www.infoleg.gov.ar,
sitio en el que se pueden conocer e imprimir las leyes, incluyendo
el acceso que vincula a cada una con resoluciones, decretos y decisiones
administrativas que se relacionan con la ley original.
Resulta así tarea liviana el poder conocer y estudiar las leyes
y todo lo que con cada una de ellas se relaciona.
En San Luis
En nuestra provincia, que tanto alardea de estar a la cabeza en informatización
del Estado y de su Autopista de la Información, no pasa esto.
Se puede acceder y con facilidad al Digesto de Leyes, bastante simplificado
tras el proceso vivido en el 2004 de ratificación o derogación
de leyes. Si bien esas derogaciones tienen un alto impacto en la conservación
y conocimiento de la memoria legislativa de San Luis.
Pero el actual desarrollo del Digesto sólo en algunas ocasiones
incluye un acceso a los decretos de promulgación y nunca a
los reglamentarios. Las leyes correspondientes a varios Planes Maestros
señalan la existencia de Anexos que forman parte de la ley,
pero que no están publicados junto a ella. Tampoco se señala
la vinculación por ejemplo con decretos en los que se adoptan
decisiones concernientes a lo legislado, a designaciones de autoridades
y personal, ni con el presupuesto fijado para ese sector o actividad.
Situación ésta que dificulta enormemente el seguimiento
de la actividad de gobierno, ya que obliga a largas y escabrosas búsquedas
en el Boletín Oficial.
Con el actual desarrollo de la informática el no contar con
un sistema ágil y completo como el que brinda Infoleg en el
gobierno nacional, no es sino una forma de esconder información,
de no cumplir con el artículo 9 de nuestra Constitución
Provincial de publicidad de los actos de gobierno.
Insisto, ya iniciado el siglo XXI resulta muy fácil contar
con un sistema así. Sólo se requiere verdadera conciencia
democrática y republicana y hacer bien las cosas. Por cierto
que no siguiendo el modelo del TRAMIX judicial de tan pobre desempeño.
De nada vale presentarse como una provincia líder en digitalización,
si se nos niega la información completa e inmediata de los
actos del gobierno.
Y si se esconde la información o se la niega, es porque hay
temores a que se conozca todo lo que hacen los gobernantes, porque
hay necesidad de esconder lo más que se pueda. Por ejemplo
con los muchos cambios del destino de las partidas presupuestarias,
lo que convierte al presupuesto provincial en juguete para gobernantes
desaprensivos.
Ojalá alguien empuje esta necesidad de contar con una base
informativa al menos igual al ya mencionado Infoleg nacional. Sería
además una oportunidad para que los responsables de la Autopista
de la Información, demuestren su capacidad y el gobierno su
transparencia.