Para la Cámara Federal porteña, la privatización de Aerolíneas estuvo “viciada desde su origen”
La justicia federal ordenó el miércoles la reactivación de una causa por presunta estafa al Estado en la privatización de Aerolíneas Argentinas y pidió que se cite a indagatorias al ex presidente Carlos Menem, y a su ministro Domingo Cavallo, que concretaron el traspaso en 1989.
El fallo de la Sala I de la Cámara Federal porteña considera que el proceso de privatización de la empresa "estuvo viciado desde su origen", dijeron fuentes judiciales que admitieron que "eventualmente podría llevar a su anulación".
Entre las medidas resolutivas, el fallo ordenó poner en conocimiento de lo resuelto al Congreso y a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, que ya recomendó la expropiación de la aerolínea en el marco de su reestatización.
El fallo ordenó también la citación a indagatoria de ex directivos de Aerolíneas Argentinas para que avance la causa en lo referido al supuesto vaciamiento de la empresa.
La decisión la adoptaron los camaristas Eduardo Farah y Eduardo Freiler, y reactiva una causa paralizada a raíz del sobreseimiento provisorio dictado por la justicia.
El tercer integrante de la cámara, el flamante miembro Jorge Ballestero, se excusó ya que intervino en el expediente de primera instancia.
La investigación judicial por presunto peculado se abrió en abril de 1990 a partir de la denuncia del ya fallecido abogado nacionalista Alejandro Olmos, también promotor de la investigación judicial sobre la deuda externa.
Durante su primer gobierno, Menem vendió Aerolíneas Argentinas a un grupo liderado por la española Iberia, y mediante el decreto 1591/89 dispuso la formación de una sociedad con participación estatal argentina minoritaria.
En aquel entonces, Iberia era propiedad del Estado español pero luego fue privatizada e incumplió el programa de inversiones pactado. La operación se concretó por el 85 por ciento de las acciones, por un valor de 260 millones de dólares en efectivo y 2040 millones en bonos de la deuda externa.
En su denuncia, Olmos acusó a Menem y Cavallo de "coautores de peculado", delito consistente en sustraer los bienes del patrimonio estatal cuya administración les fue confiada.
A partir de 1994, el Estado argentino entregó la llamada "acción de oro" que le permitía determinar el curso de las decisiones empresarias, lo que dio inicio al vaciamiento de la empresa a través de una "administración fraudulenta", dijeron fuentes de la investigación.
Cuando Iberia fue privatizada, España transfirió Aerolíneas Argentinas al Instituto Nacional de Industrias, antecesor de la SEPI, que finalmente entregó la empresa al grupo Marsans.
El expediente pasó por varios juzgados hasta que el ex magistrado Carlos Liporaci dictó el sobreseimiento de todos los imputados. Pero los fiscales Carlos Rívolo y Claudio Navas Rial motorizaron la reapertura del caso aduciendo irregularidades detectadas en la transferencia.
El dato decisivo fue que en su primer balance tras la privatización la empresa colocó en el rubro "gastos asociados a la compra" 87 millones de dólares sin explicación aparente pero que, sospechan los investigadores judiciales, fueron las coimas pagadas.
Por parte de la empresa fueron citados a indagatoria los accionistas Amadeo Riva, Enrique Menotti Pescarmona, Jorge Flamarique, y el entonces director de ARSA en representación del Estado Abdo Menehem, entre otros.
El fallo también declaró extinguida la acción penal por prescripción respecto del ex funcionario Roberto Dromi y por muerte también prescribieron las acciones contra los ex ministros Erman González y Julio Mera Figueroa.
