Cuestionan al abogado que denunció a la titular de Minería

Conflicto por las canteras de áridos en Jarilla

Cuestionan al abogado que denunció a la titular de Minería

San Luis (Pelr) 18-03-10 El responsable de la empresa Rental S.R.L., Guillermo Vottero, salió al cruce de las denuncias presentadas por el abogado Francisco Abel Rosales, relacionadas con una cantera de áridos que se encuentra sobre el arroyo Las Lomitas que explota la empresa y, con documentación en la mano, indicó que la justicia le negó al letrado un amparo presentado y sostuvo que tienen todo en regla para realizar la explotación de minerales "de tercera categoría", esto es material granular conocido comunente como ripio.

En nuestra edición de ayer informábamos de la presentación realizada por Rosales contra la jefa del Programa de Minería, Laura Ferrara, quien para el patrocinante de Leopoldo Olguín, habría incurrido en incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Desde una visión periodística desapasionada, se puede inferir que el conflicto de intereses desatados tiene como origen la propia documentación obrante en la repartición pública, que ubica al cauce del arroyo fuera de la propiedad del representado de Rosales, Leopoldo Olguín, mientras que mediciones más nuevas -que no son oficiales- la ubicarían dentro.

Vottero explicó que la denuncia de la cantera de áridos comenzó el 13 de octubre de 2008 a través del expediente 163-V-2008 y desde allí se realizaron todos los pasos legales para conseguir la explotación. Son 1.100 metros lineales del cauce del arroyo. Luego se solicitó una ampliación para limpiar el cauce del río y la extracción de esos áridos.

Contiguo al lugar -según el croquis que figura en Minería- hay otra cantera denominada María Auxiliadora, que sería propiedad de un familiar del abogado denunciante y que también se dedicaría al mismo tipo de producción.

El conflicto de intereses llega al punto de que "Rosales, junto a familiares suyos -muestra una carpeta con fotos y actuaciones notariales- cortan la ruta provincial 26, impidiendo el acceso a la cantera" Rental.

Rosales realiza una presentación judicial ante el juzgado de la Dra. Virginia Palacios Gonella, pero la jueza del Crimen Nº 3, no hace lugar al pedido del abogado y el 29 de enero de 2010 libera un oficio a la comisaría de Balde para que notifique a las partes de su resolución. (ver facsimil)

"El hecho concreto es que Rosales pretende que nosotros no vendamos material para venderlo él", señala Vottero.

Señaló además que el 8 de marzo último han hecho una presentación ante el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de San Luis pidiendo "la suspensión de la matrícula", invocando "falsa denuncia, injurias, desobediencia a una orden judicial y cortes de ruta". "Tiene 15 días para presentar el descargo", señaló.

"Hay una orden judicial que (Rosales) ha desobedecido", puntualiza, "pero de ese tema no habla".

Hasta ahora la documentación conocida está asentada en vía administrativa en distintas reparticiones del gobierno de San Luis y en sede judicial se encuentran en dos juzgados del crimen: el 3 a cargo de la Dra. Palacios Gonella y en la Fiscalía 2 -que actúa en los casos del juzgado Nº 2-, pero, llamativamente no se concen presentaciones en los juzgados civiles, comerciales y minas, que sería el ámbito natural donde deberían dirimirse este tipo de conflictos.

Informe: Gustavo Senn
gustavosenn@gmail.com


Conflicto por las canteras de áridos en Jarilla Cuestionan al abogado que denunció a la titular de Minería San Luis (Pelr) 18-03-10 El responsable de la empresa Rental S.R.L., Guillermo Vottero, salió al cruce de las denuncias presentadas por el abogado Francisco Abel Rosales, relacionadas con una cantera de áridos que se encuentra sobre el arroyo Las Lomitas que explota la empresa y, con documentación en la mano, indicó que la justicia le negó al letrado un amparo presentado y sostuvo que tienen todo en regla para realizar la explotación de minerales "de tercera categoría", esto es material granular conocido comunente como ripio. En nuestra edición de ayer informábamos de la presentación realizada por Rosales contra la jefa del Programa de Minería, Laura Ferrara, quien para el patrocinante de Leopoldo Olguín, habría incurrido en incumplimiento de los deberes de funcionario público. Desde una visión periodística desapasionada, se puede inferir que el conflicto de intereses desatados tiene como origen la propia documentación obrante en la repartición pública, que ubica al cauce del arroyo fuera de la propiedad del representado de Rosales, Leopoldo Olguín, mientras que mediciones más nuevas -que no son oficiales- la ubicarían dentro. Vottero explicó que la denuncia de la cantera de áridos comenzó el 13 de octubre de 2008 a través del expediente 163-V-2008 y desde allí se realizaron todos los pasos legales para conseguir la explotación. Son 1.100 metros lineales del cauce del arroyo. Luego se solicitó una ampliación para limpiar el cauce del río y la extracción de esos áridos. Contiguo al lugar -según el croquis que figura en Minería- hay otra cantera denominada María Auxiliadora, que sería propiedad de un familiar del abogado denunciante y que también se dedicaría al mismo tipo de producción. El conflicto de intereses llega al punto de que "Rosales, junto a familiares suyos -muestra una carpeta con fotos y actuaciones notariales- cortan la ruta provincial 26, impidiendo el acceso a la cantera" Rental. Rosales realiza una presentación judicial ante el juzgado de la Dra. Virginia Palacios Gonella, pero la jueza del Crimen Nº 3, no hace lugar al pedido del abogado y el 29 de enero de 2010 libera un oficio a la comisaría de Balde para que notifique a las partes de su resolución. (ver facsimil) "El hecho concreto es que Rosales pretende que nosotros no vendamos material para venderlo él", señala Vottero. Señaló además que el 8 de marzo último han hecho una presentación ante el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de San Luis pidiendo "la suspensión de la matrícula", invocando "falsa denuncia, injurias, desobediencia a una orden judicial y cortes de ruta". "Tiene 15 días para presentar el descargo", señaló. "Hay una orden judicial que (Rosales) ha desobedecido", puntualiza, "pero de ese tema no habla". Hasta ahora la documentación conocida está asentada en vía administrativa en distintas reparticiones del gobierno de San Luis y en sede judicial se encuentran en dos juzgados del crimen: el 3 a cargo de la Dra. Palacios Gonella y en la Fiscalía 2 -que actúa en los casos del juzgado Nº 2-, pero, llamativamente no se concen presentaciones en los juzgados civiles, comerciales y minas, que sería el ámbito natural donde deberían dirimirse este tipo de conflictos. Informe: Gustavo Senn gustavosenn@gmail.com	El croquis de las canteras La resolución de la jueza Palacios Gonella