Garrido renunció a su cargo en la fiscalia nacional de investigaciones

El fiscal nacional de investigaciones administrativas, Manuel Garrido, quien había impulsado múltiples denuncias contra funcionarios nacionales, renunció ayer a su cargo tras acusar al gobierno de intentar limitar sus atribuciones.

La renuncia fue confirmada en el ámbito político, donde Garrido había encontrado el apoyo de numerosos dirigentes de la oposición.

Una mala noticia para la salud de la República

El radicalismo y la Coalición Cívica consideraron que la renuncia del fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, es una "muy mala noticia para la salud de la república".

El titular del bloque de diputados de la CC, Adrián Pérez, sostuvo que "es consecuencia de la política del Gobierno destinada a destruir los organismos de control" y la atribuyó a "una deliberada política del Gobierno destinada a debilitar y destruir los organismos de control de la república".

En tanto, para el senador radical Ernesto Sanz la renuncia "es una muy mal noticia para la salud de la república", porque "era uno de los pocos que se le animaba al poder".

Sanz dijo que por esa causa Garrido fue "ninguneado, maltratado y acorralado por este Gobierno". Y añadió: "Creo que no se va solamente por una razón, sino que lo debe haber hartado el no obtener respuesta de otros ámbitos como el judicial, tal cual ocurrió en la causa del INDEC con el juez (Rodolfo) Canicoba Corral, o con tantos otros casos que duermen el sueño de la impunidad en Tribunales".

Renuncia. El fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, impulsor de muchos de los expedientes por presuntos casos de corrupción en la era kirchnerista, renunció a su cargo. El funcionario, entre otros casos, denunció la manipulación de los índices del Indec, investigó las supuestas coimas de Skanska y hasta pidió que Néstor Kirchner diera explicaciones por su millonario incremento patrimonial.

Garrido estaba enfrentado con el procurador general de la Nación, Esteban Righi, quien a fin del año pasado había recortado las facultades de la FIA, lo que generó un fuerte conflicto. Además, le había pedido a Garrido que se abstenga de "realizar campañas de promoción personal de su rol en la lucha contra la corrupción".

La polémica decisión de Righi hizo una lectura restrictiva de las facultades que la ley otorgaba a Garrido para intervenir en las causas por delitos de funcionarios públicos y las acotó al máximo.

 

 

 

 
   
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