Se hizo justicia
Prisión perpetua en cárcel común para los cinco
represores
San Luis (Pelr) 13-03-09 El Tribunal Oral de San Luis encontró
culpables a los cinco policías y militares acusados de delitos
de lesa humanidad realizados durante la última dictadura y
los condenó a prisión perpetua e inhabilitación
de por vida con cumplimiento efectivo en cárcel común,
dos de ellos en el penal de Marcos Páz en Buenos Aires y a
los restantes en el servicio penitenciario local, en un veredicto
que fue seguido por más de medio millar de personas que se
dieron cita al lugar.
Los represores fueron condenados en la causa que investigó
el asesinato de Graciela Fiochetti, las desapariciones y asesinatos
de Pedro Valentín Ledesma y "Sandro" Santana Alcaráz
y los tormentos sufridos por Víctor Carlos Fernández
cuando estuvo detenido y que finalmente logró sobrevivir.
Cuando quede firme la sentencia, Carlos Esteban Pla, Víctor
David Becerra, Miguel Ángel Fernández Gez, Luis Orozco
y Juan Carlos Pérez comenzarán a purgar esta condena
en cárcel común. Pla y Fernández Gez en Marcos
Paz y los restantes en el servicio penitenciario de San Luis. Becerra
cumple actualmente prisión domiciliaria.
El fallo emitido por los jueces Raúl Rodríguez, Roberto
Burad y Roberto Nacif fue recibido con algarabía por los familiares,
militantes y organizaciones de DDHH que se dieron cita desde temprano
al edificio ubicado en pleno centro de la capital puntana.
El Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis
Duhalde, presente en la sala de audiencias, destacó el "fallo
ejemplar" dado a conocer esta tarde, ya que "se dictó
la máxima pena por los delitos cometidos".
También la diputada nacional Victoria Donda destacó
el fallo y reconoció "la lucha de los compañeros,
que muchas veces fue llevada adelante en absoluta soledad" y
criticó al gobierno de Alberto Rodríguez Saá
por no haber facilitado los medios para que estos delitos se esclarecieran.
Fue notoria la ausencia de funcionarios y legisladores del oficialismo,
ya que no hubo ningún representante del gobierno provincial
cuando se leyó el veredicto.
Tanto el abogado de la querella, como los familiares de las víctimas,
destacaron "la valentía de los jueces" que "actuaron
con ecuanimidad" y llevaron adelante este juicio "dandolé
a los represores la oportunidad de ser juzgados de manera transparente,
cosa que ellos no hicieron con sus víctimas"
"Todavía queda una materia pendiente", dijo a esta
agencia Segundo Ledesma, el padre de Pedro, que todavía continúa
desaparecido. "Esperaba que estos cobardes dijeran donde tiraron
a mi hijo", se lamentó y Dominga, su esposa, más
allá del fallo se retiró desolada de la sala, en silla
de ruedas, pues esperba ese gesto de los represores, "para darle
sepultura a Pedro".
"He cumplido con doña Laura" dijo emocionada Lilian
Videla, presidenta de la APDH local, haciendo referencia a la promesa
de seguir hasta las últimas consecuencias para que se esclarezca
el asesinato de Graciela Fiochetti.
"Ahora van a estar donde tienen que estar", sentenció
Reina Alcaraz, la hermana de Santana, el muchacho que fue secuestrado
de las aulas de la Universidad Nacional de San Luis y nunca más
se lo volvió a ver. Para ella también el fallo le dejó
un vacío, porque estaba esperanzada de "encontrar el cuerpo
de mi hermano".
El Tribunal Oral hizo también lugar al pedido de compulsa que
realizaron la querella y la fiscalía y los integrantes de la
plana mayor que en 1976 estaba al frente del Gada 141 y el Comando
de Artillería 141.
Igual suerte corrió el actual camarista mendocino Carlos Martín
Pereyra González, que en ese año era Secretario del
Juzgado Federal de San Luis, para quien el Tribunal ordenó
que se abriera una investigación para determinar si incurrió
en algún delito con su accionar. También será
investigado el ex juez Federal de San Luis Eduardo Allende por sus
actuaciones en la causa.
Una nueva causa se abrirá también para el ex jefe del
III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez,
ya que de él dependía el área 333 con asiento
en San Luis.
El Tribunal también ordenó la investigación del
ex obispo de San Luis, Juan Rodolfo Laise, ya que uno de los imputados,
Miguel Ángel Fernández Gez lo acusó de haberle
pedido que hicera desaparecer a un sacerdote que estaba enfrentado
con el prelado.
La lectura de los fundamentos de la sentencia fue anunciada para el
14 de abril a las 9 de la mañana.
Los cargos
Fernández Gez, Plá y Becerra fueron condenados acusados
de privación ilegítima de la libertad agravada; tormentos
agravados; homicidio doblemente agravado por alevosía y premeditación
por 3 hechos en concurso real en perjuicio de Fiochetti, Ledezma y
Alcaráz calificados como delitos de lesa humanidad.
Pérez fue acusado de privación ilegítima de la
libertad agravada; imposición de tormentos agravados; homicidio
doblemente agravado con alevosía y premeditación en
concurso real en perjuicio de Graciela Fiochetti.
Orozco fue sentenciado como co-autor plenamente responsable de privación
ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados
y homicidio doblemente agravado por alevosía todo en concurso
real en perjuicio de Graciela Fiochetti, delitos calificado como de
lesa humanidad.
Aplausos de uno y otro lado
Cuando el presidente del Tribunal leyó que los imputados irían
a cárcel común, los familiares y amigos de las víctimas
rompieron en un cerrado aplauso festejando la decisión.
Lo llamativo fue cuando el juez Rodríguez leyó que
se llamaría a compulsa a Juan Carlos Moreno, el jefe del Gada
141 en 1976, esta vez fueron los familiares de Carlos Pla los que
comenzaron a aplaudir la decisión de los jueces. Sostienen
que la responsabilidad de los hechos fue de la cúpula del GADA.
Informe: Gustavo Senn
gustavosenn@gmail.com