El proyecto está en el temario del día

Diputados quieren saber cuántas pensiones por invalidez se dieron de baja y la razón

Un proyecto del Frente para la Victoria pretende saber cuántas pensiones por invalidez se dieron de baja en el país y cuáles fueron los criterios adoptados por la repartición que comanda Carolina Stanley para dejar sin esa contención social a miles de personas en el país. El proyecto de pedido de informes está en el temario a analizar este miércoles.

La iniciativa, en su parte resolutiva "solicita al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación brinde respuestas al recinto de los siguientes puntos: Sobre los criterios que se usaron para retirar pensiones no contributivas por discapacidad; Porcentaje actual de beneficiarios de pensiones no contributivas y porcentaje de beneficiarios al comienzo de la gestión del nuevo gobierno nacional; Sobre cantidad de personas afectadas por la decisión de dar de baja las pensiones por discapacidad".

Los argumentos para el pedido

Miles de personas con discapacidad dejaron de cobrar por decisión del Gobierno nacional las pensiones que recibían. Aún se recuerda cuando el presidente Mauricio Macri repetía en campaña: "No voy a sacarle la ayuda a nadie".

Las pensiones no contributivas fueron pensadas para atender contingencias de quienes no cuentan con recursos o bienes suficientes para su subsistencia y la de su grupo familiar. Desde su creación, la Comisión Nacional de Pensiones gestionó las pensiones a la vejez, por invalidez y para las madres de siete o más hijos, en carácter de derecho para quienes se encuentren en estado de vulnerabilidad social. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner hubo un trabajo intenso en esta área. En cambio, desde que asumió Cambiemos las pensiones no contributivas dejaron de considerarse un instrumento de la seguridad social.

La gestión de Carolina Stanley en el Ministerio de Desarrollo Social dio de baja 170 mil pensiones, de las cuales 83 mil fueron en la primera mitad de 2017. Según fuentes gremiales denuncian situaciones de discrecionalidad generalizadas, en el marco de un cambio de fondo en la orientación de la política de cobertura social. Este ministerio, reflotó el decreto 432 que dictaminó Carlos Menem en 1997 para sacar las pensiones graciables a las personas con ‘invalidez’.

El recorte se exhibe en menores pensiones otorgadas y mayores bajas por supuestas irregularidades, las cuales en un 40 por ciento de los casos debieron ser dadas de alta nuevamente por errores de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA). Sin embargo, los afectados debieron esperar más de seis meses en promedio para que les restablecieran el subsidio. Además, el otorgamiento de pensiones no contributivas cayó de algo más de 10 mil por mes en 2015 a 4700 por mes entre enero de 2016 y enero de 2017. En 2015 se aprobaron 125 mil pensiones, en tanto que en 2016 fueron 61.900.

Según datos estadísticos del CEPA (Centro de Economía Política Argentina) en lo que va de este año, se eliminaron 5713 pensiones a madres con más de siete hijos y se suspendieron otras 5714, se dieron de baja 19.215 por invalidez y se interrumpieron otras 52.491. El total fueron 83.133 pensiones eliminadas o suspendidas solo por estos dos conceptos. Esto se debe al endurecimiento en las condiciones para al acceso a este derecho para los más vulnerables. En la mayoría de los casos las suspensiones fueron sin aviso y el beneficiario del programa se enteró al ir a cobrar la pensión. Desarrollo Social no avisa previamente ni pide precedentes para aclarar la
situación patrimonial. A la vez, desmontó los equipos territoriales que atendían la situación integral de las familias con algún miembro discapacitado, lo cual agrava los problemas entre los sectores más desprotegidos.

Entre las causas que resaltaron diversos portales de noticias, para retirar la pensión, según las condiciones que establece el decreto del menemismo, se encuentran temas de patrimonio, como la titularidad de un automóvil que generalmente tiene permiso por discapacidad, que el cónyuge tenga algún beneficio previsional actual, algún ingreso propio o no alcanza 76 por ciento de incapacidad para el acceso a la pensión.

Además, en el decreto se establece que Desarrollo Social debe tener en cuenta la actividad e ingresos de los parientes obligados y su grupo familiar “como así también cualquier otro elemento de juicio que permita saber si el peticionante cuenta con recursos o amparo”.

Desde diciembre de 2015 se acumularon en las oficinas de Desarrollo unas 100 mil solicitudes de pensión que aún no tienen respuesta. Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) registra que en lo que va de 2017 son más de 83 mil los casos en que las Pensiones No Contributivas han sido suspendidas o directamente dadas de baja.


 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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