Fondos buitre: El texto completo de la solicitada argentina en el Wall Street Journal
ARGENTINA QUIERE SEGUIR PAGANDO SU DEUDA Y NO LA DEJAN
Argentina quiere seguir pagando su deuda, igual que como lo viene haciendo desde 2005, pero hoy se ve dificultada de hacerlo por el fallo del juez Thomas Griesa y la negativa de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos a tomar el caso.
El default de la República Argentina en el año 2001 fue el más grande de la historia financiera mundial, superando largamente los 100 mil millones de dólares. Décadas de sobreendeudamiento y bajo crecimiento dejaron al país con una deuda superior al 160% del PIB, una tasa de desempleo cercana al 25% y más del 50% de los habitantes en condiciones de pobreza. Desde el año 2003 se implementaron diversas medidas encaminadas a normalizar las relaciones financieras internacionales del país. El principio fundamental de todas las negociaciones mantenidas con los acreedores fue siempre el mismo: para poder pagar, Argentina debe primero crecer, para generar los recursos que le permitan honrar sus compromisos. Crecer para pagar, esa es la marca de todas las negociaciones de deuda que Argentina viene llevando desde 2003 a la fecha. Bajo esta marca, hace más de una década que la economía argentina crece, reduce su desempleo y se desendeuda, al punto tal que hoy la deuda pública con el sector privado denominada en moneda extranjera no el 8% de su Producto Interno Bruto.
El proceso de reestructuración de la deuda que en 2001 quedó en default continúa hasta el presente. En ese difícil camino se saldó completamente la deuda con el Fondo Monetario Internacional, se alcanzó a un acuerdo con los acreedores para los laudos firmes del Centro Internacional de Arreglo de Disputas relativas a Inversiones (CIADI), se cumplieron por completo las obligaciones con organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento y recientemente se acordó un pago en hasta 7 años con el Club de París y la compensación a la empresa REPSOL por la recuperación del 51% accionario de la empresa YPF.
Indudablemente, el problema más complejo era alcanzar un acuerdo con los miles de tenedores de deuda en default desde el año 2001 por un total de 81 mil millones de dólares. Pero Argentina lo consiguió con éxito. Después de largas negociaciones, consultas con sus acreedores y aplicando el principio de buena fe, acordó un canje voluntario de los títulos en default por nuevos bonos con quita, mayor plazo y menor tasa, lo que hacía sustentable el compromiso tomado. El canje fue ofrecido en 2005 y nuevamente en 2010, y logró una adhesión del 92,4% de los acreedores. Una de las claves del éxito conseguido fue, como es habitual en estas operaciones, que tanto la legislación argentina como el prospecto de los títulos emitidos impide ofrecer mejores condiciones a quienes no aceptaron (los hold out). Desde 2003, con el esfuerzo de todos los argentinos, se han pagado regularmente los vencimientos de toda la deuda reestructurada, sumando más 190 mil millones de dólares y sin acceso al mercado financiero internacional.
Un 7,6% de los bonistas no aceptó la reestructuración. Los fondos buitres que consiguieron la sentencia a su favor no son prestamistas originales de Argentina. Compraron bonos en default a precio vil después del canje, con el solo objetivo de litigar contra el país y conseguir una ganancia fabulosa. El fondo NML de Paul Singer, por ejemplo, pagó en 2008 sólo 48,7 millones de dólares por bonos en default. Hoy la sentencia del juez Griesa le reconoce un monto de 832 millones de dólares, es decir, una ganancia de 1608% en tan solo 6 años.
Argentina apeló los fallos del juez de primera instancia de Nueva York Thomas Griesa, que obligan a pagar 1.500 millones de dólares el 30 de junio de 2014, fecha del próximo vencimiento de la deuda reestructurada. Sin embargo, se calcula que el total de bonos en situación de default que no entraron a los canjes asciende a 15.000 millones, lo que equivale a más del 50% de las reservas del país. El fallo de Griesa empujaría al país a un nuevo default. Porque si Argentina paga los 1.500 millones, deberá pagar en un futuro inmediato 15.000 millones. Para peor, por las leyes de Argentina y las cláusulas de los títulos reestructurados (RUFO), si se le pagara a los buitres, todos los demás bonistas reclamarían el mismo tratamiento, con un costo estimado en más de 120.000 millones de dólares. Si, en cambio, no paga a los fondos buitres, la sentencia de Griesa le prohíbe a Argentina pagar al 92,4% de los bonistas que aceptaron la reestructuración, ya que el juez libró órdenes al Banco de Nueva York y a las agencias de compensación para que no paguen.
En síntesis: pagarle a los buitres empuja al default, y si no se les paga, la orden de Griesa implica poner en riesgo el derecho de los bonistas a cobrar su deuda reestructurada en el 2005 y el 2010.
Mientras tanto los fondos buitres, invirtieron millones de dólares en lobby y propaganda, intentando convencer al mundo entero que Argentina no paga sus deudas y no quiere negociar. Pero, justamente, desde 2003 la salida del default con desendeudamiento se consiguió negociando y pagando. Argentina mantiene aún hoy abierta la posibilidad de canje para todos aquellos que respeten el principio de igualdad. Por una decisión de la justicia norteamericana que favorece a un 1,6% de los bonistas especializados en litigar se pone en riesgo la reestructuración de deuda que aceptó voluntariamente un 92,4%.
Las interpretaciones de la ley en que se apoya la sentencia del juez Griesa fueron cuestionadas por los más diversos actores: los gobiernos de Francia, México, Brasil y Uruguay; la agencia compensadora Euroclear y el fondo Fintech. También se manifestaron en el mismo sentido Joseph Stiglitz, Anne Kruger, Nouriel Roubini; la CELAC, el G24, el G77 y 106 Parlamentarios británicos. Hasta el gobierno de Estados Unidos y el FMI mostraron preocupación por sus implicancias globales.
Con este fallo, se pone en jaque a la Argentina, pero también a cualquier país que tenga que enfrentar en el futuro una reestructuración de su deuda. Según la legislación interna de cualquier país, cuando se produce una cesación de pagos y el 66% de los acreedores acepta un acuerdo, los restantes están obligados también a aceptar. Al no existir un marco jurídico internacional para el default de un país soberano, este precedente implica que aún si se lograra un 99,9% de adhesión voluntaria el 0,1% podría invalidar toda la reestructuración.
La voluntad de Argentina es clara: esperamos una decisión judicial que promueva condiciones de negociación justas y equilibradas para resolver este largo y penoso litigio que afectó, afecta y afectará al Pueblo Argentino, debido a la voracidad de un ínfimo grupo de especuladores.
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN REPÚBLICA ARGENTINA
