Hablando de mora judicial
Caso Ciccone: Después de 10 años se
conoció requisitoria fiscal para elevación a juicio
San Luis (Pelr) 17-06-13. La causa Ciccone, comenzada por una denuncia
de su ex secretario municipal, Nazario Sánchez, a comienzos
del año 2000, por presunta malversación de fondos mientras
fue intendente de Nogolí, recién este año ha
tenido la conclusión de la etapa judicial de instrucción,
con la requisitoria fiscal de Elizabeth Giménez -titular de
la Fiscalía Nº 3- para su elevación a juicio, sin
saberse todavía cuándo comenzaría el debate oral
y público.
Esta causa se estuvo paralizada porque Edgardo Ciccone fue diputado
provincial -si bien asumió la intendencia por el radicalismo,
luego se pasó a las filas del oficialismo- lo que originó
una cuasi 'batalla' entre la Justicia y la Legislatura, para ver quién
debía determinar su desafuero para su indagatoria. Además
de Ciccone, están procesados Enrique Abelardo Suarez, Laura
De La Mercedes Pérez, Daniela del Carmen Sosa y Juan Carlos
Tozzi.
En el caso de Ciccone, Giménez pidió que se lo juzgue
por considerarlo autor material y responsable penal del delito de
Peculado, según lo señalado en el artículo 261,
en relación al artículo 45 del Código Penal.
Dice el artículo 261 que "será reprimido con reclusión
o prisión de dos a diez años e inhabilitación
absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales
o efectos cuya administración, percepción o custodia
le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido
con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o
de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración
pública". Es por ello que pide una pena de nueve años
y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta perpetua.
Asimismo, a Enrique Abelardo Suarez, Laura De La Mercedes Pérez,
Daniela del Carmen Sosa y Juan Carlos Tozzi; los encontró incursos
en el delito de fraude a la Administración Pública,
dentro de lo normado en el artículo 174, en relación
al artículo 45 del código de rito. Es por ello que pidió
una pena de cinco años y seis meses de prisión e inhabilitación
absoluta perpetua para Daniela del Carmen Sosa y Juan Carlos Tozzi;
de cinco años e inhabilitación absoluta perpetua para
Laura de las Mercedes Pérez; y de cuatro años de prisión
e inhabilitación absoluta perpetua para Enrique Abelardo Suárez.
Entre las pruebas reunidas contra Ciccone existen una gran cantidad
de cheques emitidos sin fondos, compras directas sin licitación,
pero fundamentalmente un campo que Tozzi le compró a una humilde
ciudadana de Nogolí, quien pidió la construcción
de una casa y dinero en efectivo por su campo. La construcción
de esa vivienda se hizo en un terreno municipal donado por Ciccone,
pero en la compra de materiales, la misma podría haberse realizado
con dinero de Tozzi, pero la gran mayoría de la facturación
se hizo a nombre de la Municipalidad de Nogolí.
Cabe recordar que, por su cercanía con el oficialismo provincial,
mientras Ciccone fue diputado provincial, nunca fue llamado a prestar
declaración indagatoria por Jorge Sabaíni Zapata, quien
para hacerlo pidió a Diputados que se lo desafectara de sus
fueros, algo que Diputados se negó sistemáticamente.
Conocido el caso Menem, quien fue investigado y llevado a juicio oral
y condenado por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, y recién
condenado se pidió su desafuero; podemos observar que en San
Luis con el caso Ciccone, bien se podría haber hecho lo mismo,
pero no, se esperó a que dejara de ser Diputado para recién
llamarlo a indagatoria, demostrando una vez más que la gran
mora judicial existente en San Luis, en gran parte, es culpa de los
propios integrantes del Poder Judicial.
Si bien Periodistas en la red tuvo acceso
a la requisitoria fiscal, a partir de la cual elaboramos este informe,
hasta el momento no hemos podido saber si el juicio oral y público
ya tiene fecha de inicio, o si por el contrario allí también
va a haber demora en este ya demasiado dilatado caso.
Informe: Carlos Rubén Capella
carlosrcapella@yahoo.com.ar