Garavano lo niega, pero Macri habría estado a punto de destituir por decreto a Gils Carbó

El gobierno de Macri intenta dar otro golpe durísimo contra las instituciones democráticas y constitucionales, buscando la destitución de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, y se habló, inclusive, de un decreto que vulnera de manera absoluta los preceptos jurídicos y constitucionales. El ministro de Justicia, Germán Garavano, negó esa posibilidad, pero reconoció que había sido una propuesta del diputado de PRO Pablo Tonelli.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, negó este martes que el Gobierno pretenda desplazar por decreto a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por su situación procesal en la que podría ser indagada en la causa por la adquisición de un edificio del Ministerio Público.

El cerco que se cierra en torno del presidente y sus ministros amigos por el caso Odebrecht y esa sería la razón por la cual busca deshacerse de Carbó y reemplazarla por un funcionario amigo. Ya había hecho lo mismo en la Procuración del Tesoro en donde designó a Saravia Frías, ex abogado de las empresas del grupo de la familia presidencial

Destituir a Alejandra Gils Carbó de su cargo de Procuradora General de la Nación, de cualquier manera, es la jugada con la que buscaría tener el control total de los fiscales en momentos en que el caso Odebrecht va cerrando el cerco en torno suyo y de sus principales colaboradores de gobierno.

El autor intelectual de la iniciativa es el diputado del PRO Pablo Tonelli, quien ya le había acercado su propuesta a Macri en diciembre de 2015. El flamante presidente lo descartó para utilizar el mismo recurso pero para nombrar a dos jueces en la Corte Suprema, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrant.

La maniobra del macrismo es a todas luces ilegal y anticonstitucional dado que el cargo de Procurador es absolutamente independiente del Poder Ejecutivo y sólo puede ser removido mediante el mecanismo constitucional de juicio político.

Para poder abrir esa instancia debe mediar la comisión de un delito con una investigación abierta ante la justicia, dado que de otro modo se podría solicitar la apertura del juicio por la sola iniciativa de diputados o senadores sin causa que lo justifique.

Es por eso que el juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano llevan adelante una investigación por supuestos delitos cometidos en la compra de un edificio en la calle Perón al 600, realizada en 2013 por 43,8 millones de pesos, en el que funciona una de las cuatro sedes de la Procuración.

Ercolini y Taiano sostienen que la licitación para la compra del inmueble estaba digitada antes de ser pública para que se beneficiaran los que iban a cobrar la comisión aunque hasta el momento no se ha presentado ninguna prueba ni documentación que avale tales sospechas.

No obstante, en los pasillos de los tribunales federales corre la versión de que el juez estaría a punto de citar a indagatoria a Gils Carbó, como paso previo a la imputación del delito de administración fraudulenta y perjuicio contra el estado.

La procuradora ya anticipó que va a resistir cualquier intento de destitución mediante decreto y calificó a la intención gubernamental de ilegítima, absolutamente carente de validez e inconstitucional.

En la casa de gobierno hay creciente preocupación por las derivaciónes del caso Odebrecht que ya tiene profundamente involucrado al titular de la AFI Gustavo Arribas quien fue sospechosamente sobreseído por el juez federal Canicoba Corral, decisión que no fue apelada por la fiscalía para que el fallo sea revisado por la cámara de alzada.

Pocas horas después se conocía el testimonio filmado y aportado a la causa por el cambista brasilero Leonardo Meirelles, en el que confirmaba haberle pagado más de 700 mil dólares en coimas aportando documentación y las fechas en las que se realizaron las transferencias.

En estos momentos hay un planteo elevado ante la Corte Suprema de Justicia para que examine el expediente y resuelva si confirma el sobreseimiento u ordena reabrir la causa y volver a llamar a indagatoria a Arribas, habida cuenta de la aparición de este nuevo testimonio incriminatorio.

Además siguen apareciendo las evidencias del pago de coimas que involucran al propio Macri a través de las empresas familiares y de empresarios amigos directamente vinculados con la familia del presidente.

Por esta razón es que Macri busca desesperadamente quitar del medio a Gils Carbó y poner en su lugar a un funcionario amigo, tal como hizo con la Procuración General del Tesoro en donde designó en medio de un escándalo institucional a Bernardo Saravia Frías, quien fuera el abogado personal de las empresas del grupo Macri.

En su desmentida, Garavano sostuvo, en referencia a la posibilidad de que por un decreto del Gobierno se destituya a Gils Carbó, que había sido "(el diputado) Pablo Tonelli" quien dijo que no descartaba esa medida, en su visita a la sala de prensa del Senado luego de defender ante una comisión el proyecto de ley sobre Responsabilidad Penal Empresaria y el de Juicio en Ausencia.

Gils Carbó debe "explicar las razones por las cuales está investigada, por un lado por proteger a Lázaro Báez en una causa, y por otro lado ha sido llamada a indagatoria por un fiscal que depende de ella, en relación a hechos realmente muy graves", señaló Garavano.

El avasallamiento sin par de las instituciones que realiza el gobierno de Macri pone a la Argentina en el medio de un escándalo cuyas proporciones podrían llegar a trascender las fronteras. Además, pone en serio riesgo la salud del propio sistema democrático ya que adopta peligrosamente y de modo cada vez más ostensible un rasgo autoritario que lo acerca claramente a las características de régimen más que de gobierno constitucional.

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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