Cámara de Diputados de la Nación

José Riccardo impugnó la incorporación de Domínguez, quien asumió en lugar del fallecido Lusquiños

El diputado por la UCR de San Luis, José Luis Riccardo, presentó una impugnación contra "la incorporación del Sr. Ramón Alfredo Domínguez como Diputado Nacional, solicitando que este Cuerpo rechace sus diplomas, en uso de las atribuciones que le son propias". La incompatibilidad con su diputación provincial, para la que pidió licencia, es la causa del pedido de rechazo. La presentación se hizo el viernes pasado y fue dada a conocer este martes 11 de julio

Según indicó en la presentación realizada el 7 de este mes, tras la jura del daractense en la Cámara Baja de la Nación, en el reglamento que los rige, "el art. 4°establece que cuando se trate de la incorporación de suplentes, la impugnación deba hacerse el mismo día en que se diera cuenta de la presentación del diploma, o en la sesión siguiente. Éste es el caso. Fundo este pedido en el hecho de que el Sr. Domínguez es actualmente Diputado provincial en la Provincia de San Luis, función incompatible con la que pretende cumplir en este ámbito".

También hace referencia al hecho que Domínguez no haya renunciado a su banca y haber solicitado licencia, que también contradice los preceptos de la Constitución de San Luis. "Alfredo Domínguez debería renunciar a su banca en la Provincia, cosa que no ha hecho", dice Riccardo, ya que el artículo 106° dispone que "Es incompatible el ejercicio del cargo de diputado con el de otros electivos … ".

El texto completo de la nota enviada a Monzó

Buenos Aires, 7 de julio de 2017
Señor
Presidente de la
H. Cámara de Diptuados de la Nación
Dr. Emilio Monzó
S. / D.

Señor Presidente:

Vengo por la presente a impugnar la incorporación del Sr. Ramón Alfredo Domínguez como Diputado Nacional, solicitando que este Cuerpo rechace sus diplomas, en uso de las atribuciones que le son propias.

El Reglamento que nos rige prevé en su art. 2° que se consideren las impugnaciones presentadas, y el art. 4°establece que cuando se trate de la incorporación de suplentes, la impugnación deba hacerse el mismo día en que se diera cuenta de la presentación del diploma, o en la sesión siguiente. Éste es el caso.

Fundo este pedido en el hecho de que el Sr. Domínguez es actualmente Diputado provincial en la Provincia de San Luis, función incompatible con la que pretende cumplir en este ámbito.

En efecto el Sr. Domínguez asumió como Diputado Provincial en el año 2015, teniendo mandato vigente hasta el año 2019.
En las elecciones nacionales de 2013 figuró como primer suplente en la lista de Compromiso Federal. En aquella oportunidad asumieron como Diputados Nacionales Berta Arenas y Fernando Salino. Cuando Salino renunció para asumir como rector de la Universidad de La Punta, Luis Lusquiños – tercer titular de la lista – lo reemplazó.

Hoy, con el fallecimiento de nuestro colega, corresponde proveer a su reemplazo, pero para ello el Sr. Ramón Alfredo Domínguez debería renunciar a su banca en la Provincia, cosa que no ha hecho.

Tal como establece la Constitución Nacional, este Cuerpo “… es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez” (art. 64°). Y ésta es la oportunidad de expedirse frente a este caso, que si bien no aparece expresamente en la normativa aplicable, queda comprendido en cualquier forma de interpretación que se intente.

La incompatibilidad del cargo de diputado nacional, con cualquier otro cargo electivo, sea nacional, provincial o municipal, es lo que los académicos llaman “incompatibilidades implícitas”, y que se desprenden del sistema republicano de división de poderes y de la estructura federal que nos hemos dado como Nación.

Así el art. 72° de la CN dice que “Ningún miembro del Congreso podrá recibir empleo o comisión del Poder Ejecutivo” y el art. 73° que “… no pueden ser miembros del Congreso, … los gobernadores de provincia por la de su mando.”

Haciendo un juego sistemático de estas disposiciones, podremos concluir que la incompatibilidad es flagrante. Como dice Miguel Ekmekdjian “el objeto de las incompatibilidades de los legisladores del artículo 72 es robustecer la independencia del Congreso, evitando que … contraigan lealtades que puedan interferir con su conciencia y así obstruir el ejercicio de sus funciones legislativas"

Por su parte Bidart Campos señala que “Las incompatibilidades de los artículos 72 y 105 se fundan en varias razones:” y una de ellas es “ … el principio ético de que dicho cargo exige una independencia de criterio y de actuación que puede resentirse por el desempeño simultáneo de otras ocupaciones o empleos oficiales o privados”

Hablando de la interpretación del art. 73° refiere: “Este alcance que asignamos al artículo se desprende de una interpretación extensiva: la norma dice literalmente menos de lo que quiso decir la voluntad histórica del autor de la norma; por eso hay que ensanchar o ampliar la norma, para hacerla coincidir con la voluntad de su autor"

María Angélica Gelli, en el mismo sentido dice que la finalidad del art. 73° es doble. “Se busca preservar la división de poder federal entre autoridades nacionales y locales, y la eficacia de la función".

Viendo el tema desde una perspectiva pragmática, la conclusión es la misma. En efecto, si pensamos en la estructura federal de nuestro país, y en las facultades que las Provincias han delegado en la Nación, cualquier Diputado nacional podría encontrase en tal carácter legislado una cuestión, que si bien autorizada legalmente, no se adecuara los intereses que tienen que defender como diputado provincial. El bien de la Nación tiene que privar en nuestra tarea, pero podría afectarse el interés particular de una provincia.

Y en este punto está claro que no es suficiente con pedir licencia en un cargo para asumir otro. Si ello se permitiera, en posesión de ambos simultáneamente, podría pasar de ejercer uno y otro –con sus respectivas licencias- de acuerdo a la conveniencia ocasional, lo que sería una inmoralidad.

Como si todos estos elementos fueran pocos para tener en cuenta, la propia Constitución de San Luis –como otras legislaciones provinciales y municipales- lo prohíbe.

Así el artículo 106° dispone que “Es incompatible el ejercicio del cargo de diputado con el de otros electivos … “. Y si bien no le corresponde a esta Cámara velar por el cumplimiento de las normativas provinciales, está claro que quien las violenta no cumple con los requisitos éticos mínimos para acompañarnos en nuestra tarea.

Finalmente, y por si quedaran dudas acerca de la capacidad de este cuerpo para resolver la cuestión, tengamos presente que la facultad del artículo 64° de la CN no puede quedar restringida al control del cumplimiento de los requisitos fijados por el art. 48° (edad, ciudadanía, residencia).

Ante todo, no hay ahí ninguna remisión de uno al otro. Pero además, el texto constitucional dice que la Cámara “es juez”, expresión altamente significativa, que no puede entenderse como la asignación de una competencia que sea meramente formal. Así lo ha entendido la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, cuando en su momento los calificó como dos juicios de legitimidad diferentes: el 48° refiere a la legitimidad de origen, y el 64° a la legitimidad político-moral.

Esta Cámara puede, y debe, asumir esta responsabilidad y diferenciar las condiciones legales para ser Diputado y la validez de los derechos y títulos que presenta.

Por todo lo expuesto, dejo presentada la impugnación al Sr. Ramón Alfredo Domínguez, y solicito que se resuelva en consecuencia.

Lo saludo con mi mayor consideración.

 


 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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