Avanza plan oficial para que las Fuerzas Armadas realicen seguridad interior

Funcionarios del ministerio de Defensa trabajan en secreto una norma que permitirá a las FF AA realizar tareas contra delitos transnacionales. La norma apunta a modificar leyes que limitan el accionar de los uniformados. El factor carapintada, el rol de los EE UU y la interna UCR-PRO, indica la nota pulbicada en Tiempo Argentino por Adrian Murano @ADRIANMURANO

En política nadie cree en casualidades. Por eso, cuando el ministro de Defensa Julio Martínez reconoció al carapintada Aldo Rico vestido de fajina y montado sobre un jeep de combate desfilando durante los festejos del 9 de Julio murmuró un categórico “Vienen por mí”.

Es probable que no se refiriera a su cargo –con atribuciones tan recortadas que lo vuelven casi decorativo–, sino a su lapicera: el ministro –más temprano que tarde– tendrá a la firma un proyecto de ley que le permitirá a las Fuerzas Armadas operar en seguridad interior, una tarea que los uniformados tienen vedada desde el retorno de la democracia.
El borrador del proyecto de ley está a cargo del ex carapintada Gómez Centurión, referente del PRO en Defensa.

El radical Martínez, al menos en público, no puso reparos a la idea, pero los soldados del PRO aun así le desconfían. Al fin y al cabo, la restricción para que las Fuerzas Armadas operen en seguridad interna es un legado preciado del gobierno de Raúl Alfonsín. Por sospecha o prejuicio, Martínez aún no tuvo contacto con el borrador del proyecto, que es manipulado en secreto por funcionarios de la cartera que responden al mayor retirado del Ejército Juan José Gómez Centurión, referente del PRO en la materia, que opera como ministro de Defensa en las sombras.

Gómez Centurión y Rico se conocen bien: el mayor macrista participó de los levantamientos militares de Semana Santa y Monte Caseros que jaquearon al gobierno de Alfonsín. A pesar de esos antecedentes, en 2012 el entonces alcalde Mauricio Macri lo puso al frente de la estratégica Agencia de Control Gubernamental de la Ciudad, donde protagonizó polémicas y escándalos varios, como la acusación de haber pretendido evitar que se investigara el incendio trágico de Iron Mountain. En ese episodio fallecieron diez bomberos y se incineraron documentos de importantes empresas argentinas, entre ellas, varias del clan presidencial.

En retribución a su lealtad, Macri quería que fuera Gómez Centurión quién ocupara el puesto que hoy tiene Martínez, pero el radicalismo puso el grito en el cielo por su pasado de betún y terminó como director general de Aduanas. Sin embargo, los cuadros que formó y condujo como director del área de Defensa de la Fundación Pensar –el think tank del PRO– ocuparon sillones clave del organigrama ministerial.

Gómez Centurión colocó como subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar de la cartera al coronel (R) Hugo Patricio Pierri, su mano derecha en Pensar. Y por debajo de Pierri ubicó al también coronel (R) Jorge Garcia Mantel, como director general. En las formas, ambos responden a Ángel Tello, un experto en defensa a quien los militares consideran progresista –quizá porque no hace exégesis abierta del genocidio–, pero que ve con buenos ojos la concreción de una reforma de la Ley de Defensa y la participación de los uniformados en seguridad interior. Afines en ideas y objetivos, Tello es el aliado ideal de Gomez Centurión y sus soldados, encargados de preparar y pulir el proyecto que pretende poner a los militares a combatir delitos.

El borrador se manipula como un secreto de Estado. Sus autores temen que una eventual filtración irrite a los socios de la UCR y detone una crisis en Cambiemos antes de tiempo. “La idea es presentarla en el segundo semestre” explica un empleado del Ministerio que, por obvias razones de supervivencia laboral, pide reserva de su nombre. Y agrega: “Pero la presentación en sociedad dependerá de que se pueda instalar fuerte en la población y la política la necesidad de la ley. ¿Cómo ocurrirá eso? Simple: con una campaña de saturación de noticias sobre el narcotráfico y su efecto corruptor sobre la política y las fuerzas de seguridad”. Basta prender la tele o repasar los medios afines al gobierno para comprobar que esa campaña ya empezó.

El miércoles pasado, de hecho, el diario La Nación tuvo un brote de celebración precoz. “La realización de desfiles en conmemoración del Bicentenario de nuestra Independencia fue un indicio de la reubicación de las Fuerzas Armadas en la consideración oficial y probablemente también social” prologó el artículo editorial, que incluyó un tácito aval al proyecto de ley en ciernes y una proclama reaccionaria a toda orquesta: “Se impone una completa revisión de la política de defensa que debería sustentarse en una discusión que se inicie con la decisión de contar con fuerzas armadas. Salvado esto, el marco de un programa consensuado debe incluir la reconciliación y la superación de los sentimientos antimilitares que han motivado no sólo el deterioro defensivo que exponemos en este editorial, sino también un tratamiento judicial asimétrico y claramente violatorio de los principios de la justicia en el tratamiento de los hechos de la guerra antisubversiva que nuestro país vivió en los años setenta”, publicó el periódico, memorando sus peores días negacionistas.

Es de esperar que, como el diario de los Mitre, la familia militar considere que la ley reivindica el accionar castrense durante la dictadura, y es probable que utilicen el envión para fortalecer sus reclamos de impunidad. En el gobierno, sin embargo, lo ven con otros ojos: creen que abrirá más oportunidades de negocios.

La incorporación de los militares a la lucha contra el narcotráfico y otros delitos transnacionales es un viejo anhelo de los Estados Unidos, que lleva años pregonando y pergeñando ese deseo a través de su Comando Sur. El proyecto que están elaborando los soldados de Gómez Centurión toma en cuenta las sugerencias de la Embajada como si fueran órdenes. Se sabe: los militares argentinos suelen padecer un extraño cuadro de nacionalismo colonial.

Según lo que llegó a oídos del ministro Martínez, el borrador retoma –en concepto y contenido– un viejo proyecto de Gabriela Michetti que proponía la “creación del Plan Nacional de Protección Aérea de la Frontera Norte”. No sería extraño: aquella propuesta de 2011 se elaboró en base a papers de la Fundación Pensar, confeccionados por las mismas manos que hoy trabajan sobre el nuevo borrador.

Parte de ese proyecto ya se hizo realidad con el decreto 228/16, que declaró la Emergencia de Seguridad. La norma prevé el derribo de aeronaves no identificadas, previo trámite de dar una voz de alto. El decreto de Macri, sin embargo, no avanzó sobre un aspecto que la Embajada considera central: dotar a las Fuerzas Armadas de facultades para que puedan realizar tareas de inteligencia y seguridad doméstica.

Aquel proyecto de Michetti ya lo reclamaba con todas las letras: “Nuestras fuerzas armadas están llevando a cabo servicios activos de índole policial en todas las misiones de paz o humanitarias en las que se encuentran involucradas. Resulta ridículo que puedan, por ejemplo, ejercer roles de seguridad interior en Haití actuando como una fuerza policial, pero que no puedan actuar en su propio territorio impidiendo el ingreso de aeronaves cargadas de droga”.

En aquel proyecto, como en el que se presentará, la propuesta se justificaba por la presunta mutación de las amenazas que supuestamente acechan al país. “Hoy en día los enemigos de los estados son el terrorismo, la narcoguerrilla, los movimientos separatistas, la piratería, etc. (sic). Los nuevos enemigos, hasta hace poco más de una década, eran aquellos para los cuales se entrenaban los miembros de las fuerzas de seguridad, pero que rara vez fueron combatidos por las fuerzas armadas. Las amenazas que estos conflictos implican en la actualidad para las naciones, son de tal magnitud que deben ser consideradas materia propia de la defensa nacional”.

En Colombia, México y Brasil, por citar países de la región que ejecutaron los deseos del Comando Sur, los resultados distan de ser los que pronosticó Michetti. La incorporación del personal militar al “combate” del delito doméstico incrementó el espiral de violencia y corrupción, creando incluso nuevas y sofisticadas bandas paramilitares más sanguinarias y salvajes que los delincuentes con los que debía “combatir”.

En un país con la historia de la Argentina –maltratada por una larga suceción de golpes cívico-militares–, el asunto provoca, además, otros temores. Si bien es cierto que se ejecutó una profunda depuración interna, y que las nuevas generaciones de uniformados se educaron en democracia, existen razones para sospechar que persisten sectores castrenses proclives a operar en política en función de intereses sectoriales.

Con base en esos antecedentes, Elisa Carrió, fundadora de Cambiemos, cruzó duro a su socio carapintada Gómez Centurión. “Meter a los militares en seguridad interna es un disparate”, le reprochó en noviembre pasado, durante una jornada de debate en la Universidad de Belgrano. A Carrió, en rigor, no la perturba tanto que le saquen el bozal a los uniformados sino quién manejará las correas. El rechazo, en tal caso, es su manera de negociar que le permitan consentir o impugnar esa designación crucial.

Hay varios anotados en esa pulseada. Los soldados del PRO, la UCR sensible, la pata mercantil de Cambiemos y la Embajada de EE UU pujan por controlar ese renovado aparato armado que –se presume– será dotado con recursos técnicos de última generación.

Rápido para esos mandados, el que picó en punta fue el operador radical Enrique "Coti" Nosiglia, quién ya colocó a un miembro de su nutrida escudería en la primera línea del ministerio: el flamante subsecretario de Asuntos Internacionales, José Luis Vila.

Ex militar, camarada de liceo del polémico ex jefe del Ejército César Milani y con vasta experiencia en el submundo del espionaje, Vila reporta al viceministro Tello, pero responde a Nosiglia, Gran Maestre de una red que combina negocios, política y poder. Carrió, su enemiga íntima desde hace décadas, ya advirtió que está dispuesta a darle batalla. Por la historia de los contendientes, es de esperar que llueva munición gruesa.

Neonazis en la Casa Rosada

La delegación de Bandera Vecinal, el sello político del neonazi Alejandro Biondini, se acomodó a la cabecera y dijo: “Proponemos que se restaure el Servicio Militar Obligatorio”. Fue durante la “Mesa de Juventudes Políticas Partidarias” convocada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el subsecretario de Juventud de la Nación, Pedro Robledo.

Orgullosa de pertenecer, la organización difundió su visita a la Rosada y provocó una crisis de nervios en el anfitrión. “No fueron invitados, se presentaron como un partido vecinalista”, se excusó Robledo, sumando una confesión de incompetencia al bochorno.

Una cosa a favor de Robledo: su derrape no fue original. Hace dos años, la intendencia de Mauricio Macri organizó unas “Jornadas sobre Malvinas” animadas por filonazis, ex combatientes acusados de torturar conscriptos, y carapintadas. Entre los animadores estuvo Juan José Gómez Centurión, actual titular de Aduana, referente del PRO en Defensa e impulsor de que las FF AA participen en Seguridad Interior. Total normalidad.

Fuente: Tiempo Argentino

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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