Detuvieron al intendente de la ciudad Santiago del Estero por un
millonario fraude
El juez de Instrucción en lo Criminal y Correccional de I
Nominación, Gustavo Herrera, ordenó ayer la detención
del ex intendente santiagueño Julio Fernando Alegre, acusado
de una millonaria defraudación con dineros públicos,
informaron fuentes judiciales.
Al momento de la detención, que se concretó a los pocos
minutos que el Concejo Deliberante le aceptó su renuncia, el
ex jefe comunal se encontraba en los Tribunales de Santiago del Estero,
acompañado por sus abogados defensores, el porteño Rafael
Cuneo Libarona y el tucumano Juan José Saín.
En la misma resolución judicial, el juez Herrera ordenó
la detención de la ex pareja de Alegre, la escribana Cecilia
Vittar, de cuyo estudio la policía santiagueña secuestró
valiosa documentación, relacionada con la compra de casas y
vehículos del ex jefe comunal.
Alegre, sindicado como "jefe de una asociación ilícita",
permanece detenido en la Alcaidía de los Tribunales de Santiago
del Estero y no se descarta que sea alojado en un sanatorio, por padecer
de diabetes y presión arterial.
Poco antes de su detención, el Concejo Deliberante de Santiago
del Estero, aceptó por unanimidad la renuncia de Alegre y en
su reemplazo designó al concejal oficialista Hugo Infante,
que cumplirá el mandato dejado vacante hasta agosto de 2010.
Durante un breve debate, el presidente del bloque opositor del Frente
de Unidad Popular, Marcelo Lugones, anunció que pedirán
a la justicia santiagueña "la inhibición general
de los bienes" de Alegre.
"Esta es la crónica de un final anunciado, Alegre estuvo
encubierto permanentemente, realizamos más de 600 pedidos de
informes sobre malos manejos y nunca obtuvimos respuestas", añadió.
En la misma sesión extraordinaria, convocada de urgencia,
los ediles decidieron rechazar la renuncia y confirmar en su cargo
al presidente del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Santiago
del Estero, Durval Edgar Abdala, que denunció a Alegre por
"manejo arbitrario e irregular de fondos públicos".
Al ex intendente Alegre también se lo investiga por los delitos
de "defraudación calificada, malversación de caudales
públicos, violación de los deberes de funcionario público,
abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito".
Alegre presentó su renuncia el sábado pasado, en horas
de la tarde, tras una serie de allanamientos a cinco de sus propiedades,
entre ellas un lujoso chalet en la zona residencial de El Zanjón,
incluido un zoológico privado con animales exóticos.
En el lugar, cuyas tareas domésticas y de seguridad estaban
a a cargo de beneficiarios de planes sociales, la policía secuestró
automóviles, camionetas y cuatriciclos cero kilómetro,
además de un equipo de música valuado en 20 mil dólares.
Asimismo, fueron secuestradas alrededor de cinco cajas fuertes, en
cuyo interior Alegre guardaba una importante cantidad de dinero entre
pesos y moneda extranjera, dos de ellas depositadas en la casa de
su chofer, Rubén Díaz, ubicada en el barrio Reconquista
de la capital santiagueña.
Asimismo, en una escribanía local, a cargo de Cecilia Vittar,
que previo a su orden de detención presentó una eximición
de prisión, fue secuestrada documentación sobre la adquisición
de bienes del jefe comunal en otras provincias argentinas y en el
exterior.
También, se encuentra en poder de la justicia santiagueña
un boleto por la compra de un lujoso chalet en Punta del Este, valuado
en 700.000 dólares.
Hace un mes, la justicia santiagueña había ordenado
la excarcelación bajo fianza de 50.000 pesos del empleado César
Alberto Villalba, acusado de integrar un grupo con funcionarios municipales
que había cometido una millonaria defraudación en perjuicio
de la Municipalidad de Santiago del Estero.
Villalba, beneficiario de un plan social y afectado a la Dirección
de Obras Públicas, fue detenido tras cobrar un cheque oficial
de 80 mil pesos en una sucursal bancaria local.
En la misma resolución, el juez Herrera había ordenado
las detenciones del director de Obras Públicas, Oscar Omar
Farías, que aún sigue prófugo de la justicia;
del empleado municipal Luis Vásquez; y del propietario de una
imprenta, Julio Uñates, que figuraban como dueños de
una SRL "fantasma" proveedora del municipio santiagueño.
Una de las empresas "truchas" descubiertas tenía
domicilio legal en la casa de una familia indigente del barrio 8 de
Abril, y facturaba por bienes y servicios que se sospecha no prestaban
a la comuna.
Otra de las SRL investigadas realizaba cobros por construcciones
viales inexistentes, al igual que ingeniería pública
y privada, con domicilio en una imprenta del barrio Libertad de la
capital provincial, cuyo propietario también se encuentra prófugo
de la justicia provincial.