El gobierno de Macri postuló al abogado de un represor para que represente al país

A través de la Cancillería, la secretaría de Derechos Humanos propuso a Carlos Horacio De Casas, defensor de un torturador, como comisionado argentino ante la CIDH. Había represenado al represor y ex subjefe de Inteligencia de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, en una causa tramitada en Mendoza por secuestros y torturas durante la última dictadura cívico militar, Enrique Blas Gómez Saa. Los organismos de DDHH repudiaron la decisión gubernamental.

La propuesta a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) la hizo la Secretaría de DD.HH. y Pluriculturalidad de la Nación, a cargo de Claudio Avruj, a través de la Cancillería, y con el aval del ministro de Justicia, Germán Garavano. La noticia, difundida por el portal de noticias Letra P, fue advertida por el Colectivo Nacional Mario Bosch - Red de Abogadxs en Causas de Lesa Humanidad. La designación, explican, será tratada en la Asamblea General de la OEA, en junio próximo.

Sin embargo, fuentes cercanas a Avruj se despegaron de la responsabilidad: “Es una postulación del Estado argentino, que la presenta la Cancillería a la CIDH. La postulación no es personal, es del Estado argentino a través del Ministerio de Justicia y la Cancillería. Es el Estado en su conjunto”.

La causa en la que De Casas fue el abogado de Gómez Saa se trataba sobre "privación abusiva de la libertad agravada por violencias y amenazas y por haber durado más de un mes por tres hechos en concurso real”, y las víctimas eran Roberto Edmundo Vélez, Oscar Martín Guidone y Martín Lecea; “Imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político” de las mismas tres víctimas y “Lesiones gravísimas calificadas por haber sido cometidas con alevosía” contra Guidone.

El inicio de este juicio había sido fijado para el 11 de noviembre de 2013, a las 9.30, pero De Casas consiguió que nunca empezara. “Gómez Saa fue declarado inimputable por incapacidad mental”, contó a Letra P Pablo Salinas, abogado querellante en este expediente y en otras 240 causas por delitos de lesa humanidad. “Se hizo una pericia médica y determinó que no estaba en condiciones de entender la acusación. Y en Argentina no hay juicio si no comprendés la criminalidad de tus actos. Después se le hicieron cuatro pericias más y el acusado se puso cada vez peor. Hay muchos represores en esa condición: quedaron incapaces y no se los pudo juzgar”, agregó.

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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