79 cadetes policiales furiosos

Exigen impugnación de examen psicológico que los dejó fuera de la fuerza policial

San Luis (Pelr) 13-02-14. Un total de 79 cadetes de la Tecnicatura en Seguridad Ciudadana con Orientación Policial de la Provincia de San Luis, impugnaron un examen psicológico, mediante el cual se estableció que no estaban aptos para cumplir funciones en la Policía provincial, pues sostienen que “sus resultados se advierten incorrectos, arbitrarios y contrarios a los dos exámenes realizados en oportunidades anteriores”. Uno de los abogados patrocinantes de los cadetes le dijo a Periodistas en la red que, los informes “estaban copiados y pegados en todos los casos”, en referencia a que decían exactamente lo mismo, algo que prima facie parece no posible.

Los cadetes están patrocinados por los abogados Jorge Sosa, María Alejandra Martín y Elías Taurant y exigen que se dé cumplimiento a lo dispuesto por la “Resolución N° 03-PSyP-2012, art. 1, de fecha 7 de mayo de 2012, ordenando nuestro ingreso a la Policía de la Provincia con el grado de Alférez Ayudante”.

En un comunicado de prensa, Elías Taurant, explicó que “resulta nada creíble, que 79 estudiantes que eran aptos para cursar una carrera de Tecnicatura, tras superar dos exámenes psicológicos al comienzo de sus estudios, al final de la misma, faltando solo la entrega del título, se hayan transformado -de la noche a la mañana- en personas no aptas para ingresar a la Policía. Vale decir que en una promoción de una carrera de casi dos años y medio, en los que el gobierno preparó, capacitó, becó y evaluó, había 79 estudiantes sin capacidad para ejercer su profesión”.

“Estas condiciones negativas no existían a principios de 2011, cuando el gobierno de San Luis tras llamar a inscripciones en el mes de abril y terminar de dictarla en octubre, tal como sucedió con las siete anteriores promociones, pasaron a cumplir funciones en la misma Policía, a la espera del decreto para comenzar a cobrar sus haberes", aseguró el abogado.

Taurant afirmó que “desde que el gobernador Alberto Rodríguez Saá tomó la decisión de incorporar a auxiliares de policía -la mayoría provenientes del Plan de Inclusión- luego de un corto curso, los cuestionamientos se hicieron escuchar porque se consideraba que la capacitación y la preparación física y psicológica para ejercer la función, vestir un uniforme y portar armas, no era suficiente, y en los últimos años, sucedieron una serie de hechos que se utilizaron para sostener esta posición. Sin embargo, siete promociones completaron el curso y están en servicio”.

En el año 2011 recrudecieron los cuestionamientos por lo que, “ya en la gestión del gobernador Claudio Poggi, se decidió que los integrantes de la octava promoción, no obstante haber completado el curso y prestado servicios durante más de cinco meses, deberían cursar un año y medio más de instrucción en el Instituto de Seguridad, al cabo de los cuales, a quienes aprobaran, se les designaría inmediatamente en el grado de Alférez. Así se estableció en la resolución Nº 3 de la Jefatura de Policía que se dictó en ese entonces. Completado el nuevo curso de 1 año y medio, la graduación, prevista para el 27 de diciembre fue suspendida sin causa. Posteriormente, a comienzos de febrero de este año, 80 cadetes fueron citados haciéndoles saber que por un nuevo examen psicológico habían sido declarados inaptos para la función policial”, informó Taurant y agregó que “es decir, que después de haber hecho dos cursos, -en conjunto más de dos años- y aprobado todas las materias del programa, con el estado físico requerido, se los sometió a un nuevo examen psicológico, cuyos resultados estableció que los auxiliares ‘adolecían de fallas que en les impide alcanzar satisfactoriamente las competencias requeridas para el puesto’, mientras algunos alumnos de la misma promoción ingresaron a la institución pese a no haber aprobado el examen psicológico correspondiente”.

Estos cadetes, a pesar de no haber podido ingresar a la fuerza policial por no aprobar el examen psicológico, “el lunes 3 y martes 4 de febrero fueron convocados y en atención al ‘presunto’ resultado negativo del examen y se les ofreció un contrato categoría ‘E’ en la Administración Pública, en el ámbito del Ministerio de Seguridad, por el término de 3 meses, con una remuneración de $ 4.200”, explicó Taurant.

Por todo esto, “los afectados pidieron al rector del Instituto de Seguridad, Jorge Handanoniu, que deje sin efecto el informe, recordando que ya han superado dos exámenes psicofísicos a su ingreso a los cursos respectivos y en forma consecuente se cumpla con la resolución aludida, realizándose en forma urgente todos los trámites necesario que les permita ingresar con el grado de Alférez Ayudante a la Policía de la Provincia”.

Finalmente Taurant aseguró que la medida gubernamental, “además de vulnerar groseramente derechos constitucionales, indica preocupantes fallas en la organización y dirección de la fuerza policial, en tanto se ha actuado con increíble torpeza, atropellando elementales normas del derecho y revelando graves deficiencias en la formación de los hombres que van a tener la alta responsabilidad de resguardar los derechos de los ciudadanos”.

Informe: Carlos Rubén Capella
carlosrcapella@yahoo.com.ar


79 cadetes policiales furiosos Exigen impugnación de examen psicológico que los dejó fuera de la fuerza policial San Luis (Pelr) 13-02-14. Un total de 79 cadetes de la Tecnicatura en Seguridad Ciudadana con Orientación Policial de la Provincia de San Luis, impugnaron un examen psicológico, mediante el cual se estableció que no estaban aptos para cumplir funciones en la Policía provincial, pues sostienen que “sus resultados se advierten incorrectos, arbitrarios y contrarios a los dos exámenes realizados en oportunidades anteriores”. Uno de los abogados patrocinantes de los cadetes le dijo a Periodistas en la red que, los informes “estaban copiados y pegados en todos los casos”, en referencia a que decían exactamente lo mismo, algo que prima facie parece no posible. Los cadetes están patrocinados por los abogados Jorge Sosa, María Alejandra Martín y Elías Taurant y exigen que se dé cumplimiento a lo dispuesto por la “Resolución N° 03-PSyP-2012, art. 1, de fecha 7 de mayo de 2012, ordenando nuestro ingreso a la Policía de la Provincia con el grado de Alférez Ayudante”. En un comunicado de prensa, Elías Taurant, explicó que “resulta nada creíble, que 79 estudiantes que eran aptos para cursar una carrera de Tecnicatura, tras superar dos exámenes psicológicos al comienzo de sus estudios, al final de la misma, faltando solo la entrega del título, se hayan transformado -de la noche a la mañana- en personas no aptas para ingresar a la Policía. Vale decir que en una promoción de una carrera de casi dos años y medio, en los que el gobierno preparó, capacitó, becó y evaluó, había 79 estudiantes sin capacidad para ejercer su profesión”. “Estas condiciones negativas no existían a principios de 2011, cuando el gobierno de San Luis tras llamar a inscripciones en el mes de abril y terminar de dictarla en octubre, tal como sucedió con las siete anteriores promociones, pasaron a cumplir funciones en la misma Policía, a la espera del decreto para comenzar a cobrar sus haberes", aseguró el abogado. Taurant afirmó que “desde que el gobernador Alberto Rodríguez Saá tomó la decisión de incorporar a auxiliares de policía -la mayoría provenientes del Plan de Inclusión- luego de un corto curso, los cuestionamientos se hicieron escuchar porque se consideraba que la capacitación y la preparación física y psicológica para ejercer la función, vestir un uniforme y portar armas, no era suficiente, y en los últimos años, sucedieron una serie de hechos que se utilizaron para sostener esta posición. Sin embargo, siete promociones completaron el curso y están en servicio”. En el año 2011 recrudecieron los cuestionamientos por lo que, “ya en la gestión del gobernador Claudio Poggi, se decidió que los integrantes de la octava promoción, no obstante haber completado el curso y prestado servicios durante más de cinco meses, deberían cursar un año y medio más de instrucción en el Instituto de Seguridad, al cabo de los cuales, a quienes aprobaran, se les designaría inmediatamente en el grado de Alférez. Así se estableció en la resolución Nº 3 de la Jefatura de Policía que se dictó en ese entonces. Completado el nuevo curso de 1 año y medio, la graduación, prevista para el 27 de diciembre fue suspendida sin causa. Posteriormente, a comienzos de febrero de este año, 80 cadetes fueron citados haciéndoles saber que por un nuevo examen psicológico habían sido declarados inaptos para la función policial”, informó Taurant y agregó que “es decir, que después de haber hecho dos cursos, -en conjunto más de dos años- y aprobado todas las materias del programa, con el estado físico requerido, se los sometió a un nuevo examen psicológico, cuyos resultados estableció que los auxiliares ‘adolecían de fallas que en les impide alcanzar satisfactoriamente las competencias requeridas para el puesto’, mientras algunos alumnos de la misma promoción ingresaron a la institución pese a no haber aprobado el examen psicológico correspondiente”. Estos cadetes, a pesar de no haber podido ingresar a la fuerza policial por no aprobar el examen psicológico, “el lunes 3 y martes 4 de febrero fueron convocados y en atención al ‘presunto’ resultado negativo del examen y se les ofreció un contrato categoría ‘E’ en la Administración Pública, en el ámbito del Ministerio de Seguridad, por el término de 3 meses, con una remuneración de $ 4.200”, explicó Taurant. Por todo esto, “los afectados pidieron al rector del Instituto de Seguridad, Jorge Handanoniu, que deje sin efecto el informe, recordando que ya han superado dos exámenes psicofísicos a su ingreso a los cursos respectivos y en forma consecuente se cumpla con la resolución aludida, realizándose en forma urgente todos los trámites necesario que les permita ingresar con el grado de Alférez Ayudante a la Policía de la Provincia”. Finalmente Taurant aseguró que la medida gubernamental, “además de vulnerar groseramente derechos constitucionales, indica preocupantes fallas en la organización y dirección de la fuerza policial, en tanto se ha actuado con increíble torpeza, atropellando elementales normas del derecho y revelando graves deficiencias en la formación de los hombres que van a tener la alta responsabilidad de resguardar los derechos de los ciudadanos”. Informe: Carlos Rubén Capella carlosrcapella@yahoo.com.ar