A un año del asesinato de Romina Aguilar

El abogado de Lorenzetti sostiene que el juez no tiene pruebas para mantenerlo detenido

El sábado 30 de enero de 2016 Romina Aguilar, de 32 años, caía herida mortalmente frente a su casa cuando se disponía a viajar a La Calera -de donde era intendente su marido, Diego Lorenzetti- para cursar los estudios secundarios del plan PIE. Dos sicarios la ultimaron frente a la vivienda del barrio FAECAP, en el norte de la capital puntana. La noche del 1° de marzo, tras participar de una marcha pidiendo justicia por el crimen, el mandatario local fue detenido en La Calera acusado de encargar el asesinato. Según su abogado, Carlos Salomón, el juez no tiene las pruebas suficientes para mantenerlo privado de la libertad y, la misma medida que el juez Sebastián Cadelago Filipi solicitó -una prórroga extraordinaria- demostraría que el magistrado mantiene "la prisión preventiva sin prueba de cargo alguna", puesto que "la única manera en que es factible obtener esa prorroga, para seguir investigando es que el Juez debe argumentar que la prueba no es suficiente", sostiene.

Haciendo un breve repaso de la causa, Lorenzetti fue detenido luego de las declaraciones del brasileño Ediverto de Oliveira Pereira, quien declaró ante la jueza que estaba frente a la causa en ese momento, Virginia Palacios, que era él quien había sido el ejecutor del asesinato por encargo del propio Lorenzetti.

Desde el primer momento, Lorenzetti había apuntado a un adversario político suyo de La Calera -que podría ser el padre no reconocido de Romina- como el autor del encargo, ya que ella estaba averiguando su verdadera filiación.

En el escrito que distribuyó Salomón a la prensa, Carlos Salomón, abogado del imputado, indica que para pedir la prórroga, que la Cámara otorgó, "la única manera en que es factible obtener esa prorroga (art. 261 del C.Pr.,Crim), para seguir investigando es que el Juez debe argumentar que la prueba no es suficiente y por lo tanto resulta inadmisible que se mantenga la prisión preventiva de su pupilo".

"Por esa razón los Sres. Jueces eluden atenerse a la Ley y respetar la expresa normativa de la norma precitada", argumenta el letrado que ha recibido sistemáticamente una negativa a todas las nulidades que ha presentado.

"Esta situación desnuda la existencia de una grave violación de las Garantías Constitucionales, severo e irreparable apartamiento del Magistrado de la plena observancia de la Ley y en definida patentiza el ostensible mantenimiento de la prisión preventiva sin prueba de cargo alguna y la pretensión de seguir investigando violando el Código de Procedimiento y demás normativas Constitucionales con el único objetivo de tratar de lograr alguna prueba que justifique la ilegal privación de la libertada de su representado", sostiene.

"La Excma. Cámara debe imperiosamente emitir un pronunciamiento conforme a Derecho so pena de incurrir en gravísima violación de los Derechos de una persona que permanece arbitrariamente sometida a prisión preventiva, solo por decisión arbitraria e ilegal del Juez interviniente", expresa Salomón.


 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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