Luego de 40 años Amnistía Internacional
vuelve a pronunciarse sobre situación de DDHH en Argentina
Amnistía Internacional lanzó una Acción Urgente
exigiendo la inmediata liberación de Milagro Sala y la no criminalización
de la protesta social, la última vez que se pronunció
sobre Argentina fue durante la Dictadura Militar.
También el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), roconocida
organización no gubernamental que trabaja desde 1979 en la
promoción y protección de los derechos humanos y el
fortalecimiento del sistema democrático en Argentina, anunció
que presentaría una denuncia formal contra el presidente argentino
Mauricio Macri ante la Comisión Inter-Americana de Derechos
Humanos, por el arbitrario encarcelamiento de la diputada del Parlasur
Milagro Sala.
La organización Amnistía Internacional lanzó
este martes una "acción urgente" para exigir la "inmediata
liberación de Milagro Sala y la no criminalización de
la protesta social", en referencia a la situación que
se vive en la provincia de Jujuy tras la detención de la líder
de la organización social Tupac Amaru por protagonizar un acampe
en la Plaza Belgrano en protesta contra decisiones gubernamentales.
"Estamos frente a un claro intento de criminalizar las prácticas
relacionadas con el ejercicio del derecho a la protesta y a la libertad
de expresión", afirmó Mariela Belski, Directora
Ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, a través
de un comunicado en el que se explayó sobre la detención
de sala ocurrida el sábado en la plaza central de San Salvador
de Jujuy.
"Milagro Sala ha sido acusada de liderar la ocupación
de lugares públicos, restringiendo la circulación de
vehículos; y de no respetar el plan de regularización
de cooperativas decretado por el gobierno provincial, a pesar de no
ser autoridad formal de ninguna de ellas", se indicó en
el comunicado.
A través de la "acción urgente", la organización
solicitó que se garantice la integridad física de Milagro
Sala, se ordene su inmediata liberación y se ponga fin a la
persecución de la dirigente y las organizaciones sociales.
En un fuerte comunicado el CELS cuestiona las
razones para la detención de la dirigente:
"Hoy la dirigente del movimiento Tupac Amaru Milagro Sala fue
detenida en una causa en la que se la acusa de instigar a cometer
delitos y de sedición.
Estos hechos se le imputan porque, según el acta del Poder
Judicial de la provincia de Jujuy, Sala dio indicaciones a otras personas
para que ocuparan una plaza y otros lugares públicos "mediante
arengas, señalamientos, ademanes y gestos?"?.?
Según las autoridades judiciales esta actividad de persuasión
tuvo por objeto que?? ?un grupo de ?personas? ocupe ?lugares públicos?
restringiendo la circulación de vehículos?, lo que configuraría
un delito. El segundo delito que se le imputa, el de sedición,
acusa a Sala de haberse ?alzado públicamente junto con los
?demás ?acampantes contra la decisión ?del gobierno
de la provincia de Jujuy ?de ejecutar el Plan de Regularización
y transparencia de cooperativas. Según el acta?, ?este diagnóstico
surge de un informe del gobernador ?Gerardo Morales que afirma que
hay personas que se niegan a aportar datos y por lo tanto obstaculizan
la ejecución de?l Programa.?
Por lo que se conoce hasta el momento y surge del acta, la detención
es producto de una causa penal que está armada de un modo similar
a muchas que han pretendido criminalizar la protesta. A Sala se le
imputan vaguedades y se le suman delitos para justificar una pena
en expectativa que habilite su detención. En este caso, vemos
no solo la decisión de criminalizar la protesta haciendo una
interpretación formalista del delito de corte de calle sino
también una formulación general de la instigación
al corte de una vía pública. Y además, se agrega
el delito de sedición con una imputación peligrosa,
vaga y arbitraria.
Si se siguiera el razonamiento del juez Raúl Eduardo Gutierrez,
con las pruebas que se indican, cualquier liderazgo de una protesta
social que se oponga a la implementación de una norma o de
una resolución de gobierno podría implicar el delito
de "alzarse públicamente para impedir la ejecución
de una ley o resolución nacional o provincial". El fiscal
de Estado Mariano Miranda también sostuvo en declaraciones
públicas que la detención tuvo que ver con que Sala
"se alzara en contra de las decisiones gubernamentales".
Criminalizar las prácticas relacionadas con el ejercicio del
derecho a la protesta conduce a una restricción de las libertades
?democráticas y a una aplicación ilegítima del
derecho penal. "