Primeros arrestos en Córdoba
El fiscal Raúl Garzón ordenó la detención
de los agentes imputados por “desobediencia a la autoridad”
e “instigación a cometer delitos”. También
fue detenida la esposa de un oficial que encabezó las protestas.
La Justicia cordobesa arrestó ayer a 16 efectivos involucrados
en el levantamiento policial y los saqueos ocurridos en esa provincia
en los primeros días de diciembre pasado. Por orden del fiscal
Raúl Garzón, fueron detenidos durante una serie de allanamientos
aquellos agentes que, según fuentes de la investigación,
son considerados como “los primeros insurrectos, pero no los
únicos”. Están imputados por “desobediencia
a la autoridad” e “instigación a cometer delitos”,
figuras que establecen penas de 2 a 6 años de prisión.
Esta situación despertó un nuevo intento de rebelión
por parte de policías provinciales, que alegaban el incumplimiento
de varios puntos del acuerdo alcanzado con el gobernador José
Manuel de la Sota.
La investigación judicial lleva un mes y medio y los arrestos
de ayer son sus primeras consecuencias concretas. Garzón explicó
que los detenidos son “oficiales y suboficiales que protagonizaron
la primera insurrección 3 de diciembre. Se trata de los principales
uniformados que desoyeron las órdenes de sus superiores y además
instigaron al resto a insubordinarse y autoacuartelarse”.
Para identificarlos, la fiscalía recurrió a un trabajo
de chequeo satelital de sus móviles, que cerca de las tres
de la madrugada estaban parados sobre la avenida Sabattini y que a
través de sus radios recibieron la orden de sus jefes de reincorporarse
al servicio. “La desoyeron y además se quitaron sus insignias
para no ser reconocidos”, contó el fiscal. De la misma
manera taparon las identificaciones de los vehículos. Además
de los efectivos, también fue detenida Adriana Rearte, ex agente
del Servicio Penitenciario, esposa de un policía retirado y
una de las mujeres que en noviembre comenzaron con las protestas que
terminaron con el acuartelamiento y los saqueos. Rearte es una de
las figuras de ese grupo bautizado las “Rosas azules”,
y fue arrestada cuando participaba de una nueva protesta de mujeres
frente la Jefatura de Policía, por lo que denunciaron como
el “incumplimiento de 13 puntos del acuerdo con la provincia”.
El fiscal explicó que “el hecho que se le atribuye es
entorpecimiento funcional y se debe a una conducta puntual en la madrugada
del 2 de diciembre, en situación en que, junto a otras mujeres,
habría interceptado el ingreso y egreso de los móviles
de la Guardia de Infantería”.
En ese sentido, indicó que por la acción de las mujeres
hubo policías que ese día “debían salir
por los techos a tomar servicio porque ellas impedían el ingreso
y egreso”.
Garzón dijo que en lo inmediato no están previstas
nuevas detenciones, aunque no las descartó, sino que las ató
a la marcha de la causa.
El avance de la investigación judicial y la posibilidad de
las detenciones, aseguran en Córdoba, fue lo que puso en alerta
a un sector de los efectivos. El fin de semana, las “Rosas azules”
habían convocado para ayer a un “abrazo solidario”
en la Jefatura de la Policía, para –argumentaron–
reclamar por un incumplimiento del acuerdo de salarios con la gobernación.
En este clima, el miércoles cuatro policías, maridos
de las “Rosas azules”, habían sido pasados a situación
de pasividad por planificar nuevas protestas.
El grupo decidió entonces adelantar unas horas su protesta
en la jefatura policial. Y estaban allí cuando la Justicia
notificó a Rearte que debía presentarse en la policía,
donde la informaron que quedaba detenida. Los policías detenidos
fueron trasladados al penal de Bouwe y serán indagados a partir
del lunes.
Las sospechas de que el motivo real del nuevo intento de levantamiento
estuvo vinculado a las detenciones fueron abonadas incluso por algunos
de los abogados de los policías. Miguel Ortiz Pellegrini, patrocinante
de la mayoría de los efectivos que se acuartelaron, aseguró
que “hasta ahora, el gobierno ha venido cumpliendo con lo prometido.
Las mujeres que yo represento no tienen nada que ver con esta nueva
protesta”, aclaró ayer, cuando el río estaba todavía
revuelto. “Se firmó un acuerdo con el gobierno y por
ahora no hay motivo que nos haga pensar que no se cumplirá.”
El fiscal aseguró que el apoyo del jefe de la Policía,
Julio César Suárez, así como las declaraciones
de la ex cúpula de la fuerza fueron muy importantes para la
causa. “Las detenciones no han sido al azar”, remarcó.
Sostuvo además que “se coordinaron con el jefe (de la
Policía) para garantizar la paz social y por ello también
la justificación de la presencia de la Gendarmería Nacional”.