“Fue un acuerdo producto de la sedición”
El procurador del Superior Tribunal de Justicia entrerriano, Jorge
García, dijo que el acuerdo salarial fue forzado por una extorsión
ante el alzamiento policial. Algo similar se había decidido
en el Chaco y también podría replicarse en otros distritos.
El acuerdo firmado entre el gobierno de Entre Ríos y la policía
de esa provincia para poner fin al amotinamiento de los agentes de
seguridad que tuvo lugar el mes pasado es nulo, según la consideración
del procurador general del Superior Tribunal de Justicia entrerriano,
Jorge García, quien adelantó además que el acta
será presentada como prueba en una denuncia contra unos setenta
uniformados por la medida de fuerza ilegal y la eventual complicidad
con quienes cometieron saqueos durante la huelga. “El acuerdo
es prueba del delito, del chantaje a punta de pistola en el sentido
de que se extorsionó, se forzó un arreglo a partir de
la situación que reinaba en las calles. Así las cosas,
el acta no tiene ninguna consecuencia jurídica”, señaló
el procurador. La decisión, similar a una adoptada en el Chaco
la semana pasada, podría verse replicada pronto en otros distritos
que sufrieron reclamos salariales combinados con alzamientos de las
fuerzas de seguridad.
“Devenida la calma, queda claro que la foto que circuló
una vez que se cerró el acuerdo y el propio texto son la prueba
patética y patente de la extorsión, a tal punto que
el acta aquélla va a encabezar la denuncia penal que vamos
a realizar”, afirmó García en una entrevista con
un medio local. Para el funcionario, en el registro visual del momento
en que se firma el acta puede verse que “nadie hace ostentación
pero el arma reglamentaria” de los efectivos presentes “está
en la cintura” y “en ese sentido el testimonio gráfico
es de una contundencia real y simbólica que exime de mayores
consideraciones”.
Esos elementos dejan constancia de que “se trató de
un acuerdo arrancado a la fuerza, extorsivo, producto de la sedición”
y el mismo documento firmado “es prueba del delito, del chantaje
a punta de pistola en el sentido de que se extorsionó, se forzó
un arreglo a partir de la situación que reinaba en las calles”,
por lo que “el acta no tiene ninguna consecuencia jurídica,
independientemente de lo que administrativamente se resuelva en relación
con los aumentos allí contemplados”.
García anticipó que en cuanto termine la feria judicial,
el Estado de Entre Ríos radicará una denuncia penal
“contra los cabecillas y los responsables de los actos de violencia
en sede policial, y paralelamente, contra los ciudadanos que participaron
de los saqueos, tal como ha quedado determinado en las filmaciones”.
Habrá una tercera línea de investigación, respecto
de los policías “que crearon abiertamente las condiciones
propicias para los robos”, por ejemplo “efectivos sorprendidos
por las cámaras mientras hacían mover a punta de pistola
patrulleros apostados ante comercios que inmediatamente después
fueron atacados”.
Los agentes de seguridad que participaron de una forma u otra de
las protestas y serán denunciados por ello son unos setenta,
advirtió el jefe de los fiscales entrerrianos. De esos policías,
alrededor de una docena están identificados como responsables
o cabecillas del levantamiento. “Se llevaron puesto medio Código”
Penal, ironizó García. Entre los cargos que podrían
caberles a los amotinados están los delitos de sedición,
con privación ilegítima de la libertad calificada, lesiones
graves calificadas, daños calificados, sustracción de
bienes de uso público para fines privados e instigación
a robos calificados. A los autores de los saqueos les cabría
el delito de robo calificado de manera reiterada en aprovechamiento
de la calamidad.
Aunque el gobernador Sergio Urribarri no ha hecho declaraciones públicas
sobre el tema, los actos del procurador general tendrían su
visto bueno. La noticia llega días después de que el
gobernador chaqueño, Juan Carlos Bacileff Ivanoff, ratificara
también que los acuerdos salariales que firmó el mes
pasado para acabar con el conflicto en su provincia son “nulos”
por los mismos motivos que ahora esgrime García. “No
puedo entrar en paritarias con un señor que tiene una 45 en
el bolsillo y se le van los ánimos arriba en momentos de negociar
salarios”, había declarado el mandatario la semana pasada,
al anunciar que denunció a “más de trescientas
personas” que participaron de una u otra forma de los saqueos.
Se espera que en los próximos días otras provincias
avancen en sus respectivos tribunales para evitar tener que afrontar
los costosos incrementos salariales que se habían firmado en
un primer momento para contener las protestas policiales y los incidentes
relacionados, como los saqueos.