Ramón Zarrabeitia

“Debe haber actos de corrupción o de desidia en los funcionarios provinciales encargados de controlar los residuos peligrosos”

El Secretario de Servicios Públicos y la abogada Alejandra Martín, explicaron ayer la situación suscitada el martes 21 de abril al mediodía, cuando el ministerio de Medio Ambiente notificó al Municipio de que técnicos del gobierno ingresarían a la planta de tratamiento de efluentes para tomar nuevas muestras de los líquidos cloacales. “El gobierno está escondiendo al verdadero responsable que genera los problemas de la planta actual, porque no controlan los efluentes industriales siendo ellos autoridad de aplicación y cobrándoles a las industrias por la fiscalización que hacen”, afirmó Ramón Zarrabeitia.

“Tenemos ejemplos concretos: Ecochem, que tiene todos los certificados ambientales anuales, no ha tenido una inspección desde el 2012. Es decir, debe haber actos de corrupción o de desidia en los funcionarios provinciales encargados de controlar los residuos peligrosos”.

“Ustedes saben lo que es la burocracia provincial y municipal y cuando entra una nota por mesa de entrada, para llegar a la oficina correspondiente tarda por lo menos un día, y si es en la provincia, a veces, una semana. Nos llegó una notificación el martes a las 10:26, por mesa de entrada, que seguro tenían previsto que tarde dos días en llegar al área correspondiente, donde nos informaban respecto a unas coordenadas geográficas sur 33° 19´ 13,8´´ y oeste 66° 22´ 42´´ en el extremo del parque industrial norte”.

“Les voy a leer textualmente: se va a realizar la toma de muestra a los fines de garantizar el derecho de defensa de la otra parte, y esta debe poner a disposición el personal responsable de la planta en conocimiento de gestión ambiental, seguridad e higiene, debidamente acreditados y con capacidad para ejercer la representación de la misma”.

“Es decir, por mesa de entrada, a las 10:30 llega la notificación que a las 13:30 van a hacer la toma de muestra en esas coordenadas geográficas. Ellos evidentemente pensaban que no teníamos capacidad de respuesta, que el Municipio esto lo iba a recibir un día después. Eso de garantizar el derecho de defensa era precisamente para que no pudiéramos tener defensa”.

“Lo que quiero decir es que desde hace un tiempo a esta parte, desde que pudo salir la financiación con fondos nacionales de la nueva planta de efluentes cloacales, hemos estado continuamente recibiendo el acoso de las autoridades de Medio Ambiente”.

“Nosotros hemos inspeccionado a Ecochem, que es un generador de residuos peligrosos y no tienen las actas. Existen otros ejemplos con fotocopias certificadas, pero nosotros no tenemos autoridad para entrar a hacer los controles que debe hacer el gobierno provincial”.

“Por otro lado, como el Municipio ha tomado responsabilidades importantes por encima a las que tiene la Provincia con relación al bien común para satisfacer las necesidades elementales, entonces ponen palos en la rueda para que no podamos seguir avanzando”.

“El único Municipio de la provincia al que no le hicieron la planta de cloacas es a San Luis, Mercedes la tiene y todo el resto lo tiene. San Luis no la tiene pese a que se habían comprometido en 4 años a tener una planta lista”.

“No tomaron las muestras porque no fueron por la planta, nosotros los estábamos esperando con el personal idóneo. No querían garantizar el derecho de defensa, por lo que es una mentira que queremos hacer pública y que será llevada a las autoridades nacionales para que vean realmente el acoso que estamos sufriendo. Como se dieron cuenta que la toma de muestra anterior y los análisis, eran truchos, ahora quieren hacer otra toma de muestra”, dijo Zarrabeitia.

Por su parte Alejandra Martín, una de las abogadas del Municipio, explicó que: “El gobierno de la Provincia inicia un sumario administrativo a partir de una toma de muestra de los efluentes. En ese sumario la Municipalidad realizó un descargo alegando la nulidad absoluta, la falta de competencia del gobierno para actuar y una serie de argumentos por lo cual era absolutamente improcedente el sumario que se estaba iniciando”.

“La resolución o respuesta del ministerio de Medio Ambiente, a través de la jefa de programa, fue rechazarnos el descargo y sancionar a la Municipalidad con una multa de 1 millón y medio de pesos”.

“El 20 de abril nos notifican que nos rechazan la nulidad que habíamos articulado, nos rechazan el recurso de reconsideración y conceden el jerárquico, esto es, que se eleva al ministro de Medio Ambiente para que vuelva a revisar los recursos”.

“Pero de forma procesal o administrativamente improcedente, dictan una medida de mejor proveer diciendo que se va a tomar una nueva muestra. Es improcedente porque cuando la jefa de programa concede el recurso jerárquico para que vaya a Medio Ambiente, ella ya no tiene autoridad para seguir actuando”:

“Segundo, en rasgos generales una medida de mejor proveer significa que quien va a resolver necesita averiguar, u otra documental, necesita corroborar lo que se está buscando en el expediente, lo que se conoce como la búsqueda de la verdad material. Estas medidas son previas al dictado de la resolución”.

“Un juez, cuando necesita algo más para esclarecer una verdad, dicta una medida de mejor prever. Cuando se realiza esa medida, recién se dicta sentencia o la resolución que corresponde. La jefa de programa, en la misma resolución que nos rechaza los recursos de nulidad y revocatoria, dicta una medida de mejor proveer”.

“Esa medida que nos fue notificada el 20 de abril, contra la cual la Municipalidad tiene plazo administrativo para mejorar el recurso jerárquico, para oponer todas las defensas, y mientras ese tiempo estaba corriendo, el día 21 nos notifican la ejecución de la medida de mejor proveer”.

“Con esto nos violentan el plazo de defensa que nosotros tenemos contra esa medida, ya que es notificada con tres horas de anticipación y por mesa de entrada. Esto demuestra que hay un avasallamiento continuo de parte del gobierno contra la autonomía municipal y es para no dejarnos trabajar. Jurídica y técnicamente cometen un error tras otro, rechazando toda la defensa sin argumentos válidos”, concluyó Alejandra Martín.


Ramón Zarrabeitia “Debe haber actos de corrupción o de desidia en los funcionarios provinciales encargados de controlar los residuos peligrosos” El Secretario de Servicios Públicos y la abogada Alejandra Martín, explicaron ayer la situación suscitada el martes 21 de abril al mediodía, cuando el ministerio de Medio Ambiente notificó al Municipio de que técnicos del gobierno ingresarían a la planta de tratamiento de efluentes para tomar nuevas muestras de los líquidos cloacales. “El gobierno está escondiendo al verdadero responsable que genera los problemas de la planta actual, porque no controlan los efluentes industriales siendo ellos autoridad de aplicación y cobrándoles a las industrias por la fiscalización que hacen”, afirmó Ramón Zarrabeitia. “Tenemos ejemplos concretos: Ecochem, que tiene todos los certificados ambientales anuales, no ha tenido una inspección desde el 2012. Es decir, debe haber actos de corrupción o de desidia en los funcionarios provinciales encargados de controlar los residuos peligrosos”. “Ustedes saben lo que es la burocracia provincial y municipal y cuando entra una nota por mesa de entrada, para llegar a la oficina correspondiente tarda por lo menos un día, y si es en la provincia, a veces, una semana. Nos llegó una notificación el martes a las 10:26, por mesa de entrada, que seguro tenían previsto que tarde dos días en llegar al área correspondiente, donde nos informaban respecto a unas coordenadas geográficas sur 33° 19´ 13,8´´ y oeste 66° 22´ 42´´ en el extremo del parque industrial norte”. “Les voy a leer textualmente: se va a realizar la toma de muestra a los fines de garantizar el derecho de defensa de la otra parte, y esta debe poner a disposición el personal responsable de la planta en conocimiento de gestión ambiental, seguridad e higiene, debidamente acreditados y con capacidad para ejercer la representación de la misma”. “Es decir, por mesa de entrada, a las 10:30 llega la notificación que a las 13:30 van a hacer la toma de muestra en esas coordenadas geográficas. Ellos evidentemente pensaban que no teníamos capacidad de respuesta, que el Municipio esto lo iba a recibir un día después. Eso de garantizar el derecho de defensa era precisamente para que no pudiéramos tener defensa”. “Lo que quiero decir es que desde hace un tiempo a esta parte, desde que pudo salir la financiación con fondos nacionales de la nueva planta de efluentes cloacales, hemos estado continuamente recibiendo el acoso de las autoridades de Medio Ambiente”. “Nosotros hemos inspeccionado a Ecochem, que es un generador de residuos peligrosos y no tienen las actas. Existen otros ejemplos con fotocopias certificadas, pero nosotros no tenemos autoridad para entrar a hacer los controles que debe hacer el gobierno provincial”. “Por otro lado, como el Municipio ha tomado responsabilidades importantes por encima a las que tiene la Provincia con relación al bien común para satisfacer las necesidades elementales, entonces ponen palos en la rueda para que no podamos seguir avanzando”. “El único Municipio de la provincia al que no le hicieron la planta de cloacas es a San Luis, Mercedes la tiene y todo el resto lo tiene. San Luis no la tiene pese a que se habían comprometido en 4 años a tener una planta lista”. “No tomaron las muestras porque no fueron por la planta, nosotros los estábamos esperando con el personal idóneo. No querían garantizar el derecho de defensa, por lo que es una mentira que queremos hacer pública y que será llevada a las autoridades nacionales para que vean realmente el acoso que estamos sufriendo. Como se dieron cuenta que la toma de muestra anterior y los análisis, eran truchos, ahora quieren hacer otra toma de muestra”, dijo Zarrabeitia. Por su parte Alejandra Martín, una de las abogadas del Municipio, explicó que: “El gobierno de la Provincia inicia un sumario administrativo a partir de una toma de muestra de los efluentes. En ese sumario la Municipalidad realizó un descargo alegando la nulidad absoluta, la falta de competencia del gobierno para actuar y una serie de argumentos por lo cual era absolutamente improcedente el sumario que se estaba iniciando”. “La resolución o respuesta del ministerio de Medio Ambiente, a través de la jefa de programa, fue rechazarnos el descargo y sancionar a la Municipalidad con una multa de 1 millón y medio de pesos”. “El 20 de abril nos notifican que nos rechazan la nulidad que habíamos articulado, nos rechazan el recurso de reconsideración y conceden el jerárquico, esto es, que se eleva al ministro de Medio Ambiente para que vuelva a revisar los recursos”. “Pero de forma procesal o administrativamente improcedente, dictan una medida de mejor proveer diciendo que se va a tomar una nueva muestra. Es improcedente porque cuando la jefa de programa concede el recurso jerárquico para que vaya a Medio Ambiente, ella ya no tiene autoridad para seguir actuando”: “Segundo, en rasgos generales una medida de mejor proveer significa que quien va a resolver necesita averiguar, u otra documental, necesita corroborar lo que se está buscando en el expediente, lo que se conoce como la búsqueda de la verdad material. Estas medidas son previas al dictado de la resolución”. “Un juez, cuando necesita algo más para esclarecer una verdad, dicta una medida de mejor prever. Cuando se realiza esa medida, recién se dicta sentencia o la resolución que corresponde. La jefa de programa, en la misma resolución que nos rechaza los recursos de nulidad y revocatoria, dicta una medida de mejor proveer”. “Esa medida que nos fue notificada el 20 de abril, contra la cual la Municipalidad tiene plazo administrativo para mejorar el recurso jerárquico, para oponer todas las defensas, y mientras ese tiempo estaba corriendo, el día 21 nos notifican la ejecución de la medida de mejor proveer”. “Con esto nos violentan el plazo de defensa que nosotros tenemos contra esa medida, ya que es notificada con tres horas de anticipación y por mesa de entrada. Esto demuestra que hay un avasallamiento continuo de parte del gobierno contra la autonomía municipal y es para no dejarnos trabajar. Jurídica y técnicamente cometen un error tras otro, rechazando toda la defensa sin argumentos válidos”, concluyó Alejandra Martín.