El fiscal que les hizo un favor a los jueces
Domingo Batule está acusado de proteger a tres magistrados
involucrados en maniobras para evitar la detención de un represor.
Por Irina Hauser
Un fiscal federal de Jujuy, Domingo Batule, enfrenta desde ayer
un juicio político emblemático: está acusado
de haber dado protección a tres jueces y un secretario implicados
en maniobras para entorpecer el allanamiento y la detención
de un represor en una causa por crímenes de lesa humanidad.
Batule debía investigarlos, pero elaboró argumentos
para desistir. El año pasado fue suspendido para ser juzgado
por mal desempeño. En el primer día de audiencias se
presentó con el abogado y ex fiscal Pablo Lanusse (enrolado
en el equipo de Sergio Massa), quien lo primero que pidió fue
una prórroga para evaluar la prueba documental. El Tribunal
de Enjuiciamiento de la procuración le contestará hoy.
La historia empieza en marzo de 2010, cuando un juez de Bahía
Blanca ordenó el allanamiento y la detención del coronel
retirado Alejandro Osvaldo Marjanov, imputado (y finalmente condenado
el año pasado a prisión perpetua) por secuestros, torturas
y homicidios en el área del V Cuerpo del Ejército. Marjanov
vivía en Jujuy con su esposa, hermana de un integrante de la
Cámara Federal de Salta, Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas.
Este juez no tenía ninguna conexión con la causa de
Bahía Blanca, excepto que estaba involucrado su cuñado,
y se enteró por otro juez, Carlos Olivera Pastor, de que lo
estaban por detener y allanar. Rabbi Baldi no guardó reserva
del dato, sino que se comunicó con el policía que tenía
que hacer el procedimiento y, tras invocar su cargo de camarista,
le pidió “que se haga con la mayor discreción
posible, preservando los bienes materiales en la vivienda de su hermana”.
Cuando llegó la policía sólo estaba en la vivienda
otra hermana de Rabbi Baldi, quien al abrir la puerta les dijo a los
agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que “los
estaba esperando”.
El allanamiento fue fallido, lo que parecía previsible teniendo
en cuenta que la orden había sido librada casi dos semanas
antes. ¿Por qué no se concretaba? Primero se excusó
un juez, Wenceslao Cardozo, por violencia moral, pero la demora vino
cuando asumió como juez ad hoc el abogado Guillermo Najar,
quien le dijo al secretario Juan González Prada que ya iba
para el juzgado, pero tardó nueve días en aparecer.
Recién ahí se excusó. Así las cosas, los
fiscales que actuaban en Bahía Blanca y que habían pedido
la medida, Abel Córdoba y Antonio Castaño, terminaron
haciendo una denuncia penal contra Olivera Pastor, Rabbi Baldi Cabanillas,
Najar y González Prada. Aunque parezca obvio, para que una
causa penal avance es casi condición sine quanon (aunque hay
excepciones) que el fiscal impulse el caso. Batule desestimó
la acusación de sus colegas bahienses, excepto en el caso de
Olivera Pastor, a quien llamó a indagatoria. Olivera Pastor
fue sobreseído, luego vuelto a procesar y renunció a
la toga.
Cuando llegó el pedido de juicio político contra Batule
a la procuración, una comisión evaluadora recomendó
abrirlo tras analizar la argumentación del fiscal general Jorge
Auat. El tribunal de enjuiciamiento lo suspendió y ayer con
la lectura de la acusación comenzaron las audiencias, que llevarán
adelante las fiscales Gabriela Baigún e Indiana Garzón.
¿Qué se le imputa a Batule? Primero, no haber hecho
una investigación en profundidad sobre la actuación
de los jueces y el secretario; no haber actuado en pos de promover
y mantener la acción penal (tarea de los fiscales) y haberle
dado un tratamiento jurídico “particular” a los
hechos para “forzar interpretaciones” que beneficiaran
a los implicados.
La acusación hace notar que para exculpar a Rabbi Baldi el
fiscal dijo –a contramano de los fiscales denunciantes–
que no había violado ningún secreto (sobre el allanamiento)
porque no tenía ninguna obligación de guardarlo al no
ser funcionario de la causa, y sostuvo que tampoco quiso frustrar
el operativo. Pero no consideró que utilizó su cargo
para intentar actuar en forma directa sobre el policía que
debía realizar el procedimiento. Limitó el análisis
de las llamadas telefónicas al día del allanamiento.
Se le endilga haber hecho un análisis superficial de las razones
por las que Najar tardó nueve días en inhibirse, lo
que dejó el allanamiento en veremos. Para Batule, como formalmente
no asumió el papel de juez no tenía obligaciones como
tal. Justificó la actuación de Najar y de González
Prada por el cúmulo de trabajo.
Cuando la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, pidió
la apertura del juicio político, elevó un texto que
dice que Batule evitó investigar “a sabiendas”,
“contrariando los intereses que persigue el ministerio público
fiscal en beneficio de algunos imputados”. La investigación
fue “paupérrima” y las decisiones, “prematuras”,
dijo. “La intervención en este tipo de causas pone a
prueba a los magistrados/as” ante algo “inusual como es
investigar la actuación de colegas (magistrados/as o funcionarios/as)
y el fiscal Batule demostró no estar a la altura de las circunstancias”
ni mostró una “reflexión autocrítica”.
El jury está integrado por el representante del Poder Ejecutivo,
Ernesto Kreplak; el fiscal general de Mar del Plata, Daniel Adler;
el delegado del Senado, Rodolfo Ojea Quintana; el ex procurador del
gobierno de Raúl Alfonsín Juan Octavio Gauna; los abogados
Olga Donato y Francisco Panero; y María Cristina Martínez
Córdoba, de la Defensoría. Los primeros testigos citados
son los fiscales denunciantes.