Opinión por Eduardo Gargiulo *

Reforma judicial: ¡Cuidado que viene el Cuco…!

Le propongo que por un momento usted deje de lado que es un antikirchnerista rabioso. Que lee Clarín o La Nación y considera que Lanata es su modelo de periodista redentor, que encabeza una cruzada anticorrupción para moralizar el país. Sólo por un momento, aparte a un costado sus prejuicios, alimentados a diario por el martilleo incesante que le proponen ciertos medios, a partir de títulos contundentes, repetidos luego hasta el hartazgo por dirigentes políticos que nada aclaran.

Haga un esfuerzo, por un momento deje de consumir los mensajes virulentos y afiebrados que saturan las redes sociales con mensajes apocalípticos contra la reforma judicial y profecías del fin de la democracia.

Veamos los clichés más utilizados, en torno a los proyectos de reforma al Poder Judicial: “Intento de copamiento de la Justicia”; “Golpe al Poder Judicial”; “atropello a la división de poderes”, todo -por supuesto- atribuido a las oscuras maniobras del gobierno nacional.

La pregunta de rigor es la siguiente: Sinceramente, ¿usted leyó algo de las modificaciones propuestas? ¿Investigó o profundizó el tema para saber, concretamente, porqué si esto se aprueba se termina la democracia y empieza la dictadura? Sea sincero con usted mismo: ¿Leyó algo, conoce el tema, o en realidad formó su opinión a partir de lo que otros dicen y los medios amplifican?

Una encuesta casera de mi propia factura, con gente diversa con la que me crucé en los últimos días, arrojó que sólo 2 de 18 personas conocían “algo” de las reformas. Conocimiento superficial que provino de entrevistas escuchadas a dirigentes opositores, no a la lectura de los proyectos.

Pues bien, como considero esencial saber de qué hablamos cuando criticamos o elogiamos algo, paso a sintetizarle los principales aspectos de los seis proyectos que abarca esta “democratización de la Justicia”. Le aclaro, por las dudas, que No soy abogado, sino un simple ciudadano que pretende informarse.

1) La ley de Reforma del Consejo de la Magistratura: los integrantes de este cuerpo, que pasarán a ser 19 (ahora son 13), serán elegidos por “voto popular” y podrán acceder personalidades de distintos estamentos para que no sea "un cuerpo corporativo sólo de los abogados". Se aclaró que "se respetarán los mandatos vigentes".

Las principales atribuciones de este cuerpo, creado a partir de la reforma constitucional de 1994, son “seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores; administrar los recursos y ejecutar el presupuesto del Poder Judicial; ejercer facultades disciplinarias sobre los magistrados e incluso decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en su caso ordenar la suspensión y formular la acusación correspondiente”.

En la actualidad lo integran 3 senadores nacionales y tres diputados nacionales (dos por la mayoría y uno por la minoría de cada cámara), un representante del Poder Ejecutivo Nacional, tres que provienen del Poder Judicial, dos de los abogados y uno del ámbito académico, a propuesta del Consejo Interuniversitario Nacional.

En el proyecto se suman cinco académicos, de cualquier profesión, y un abogado.

2) La ley de ingreso democrático al Poder Judicial y al Ministerio público Fiscal y de la Defensa: se establecerá en la ley "una mecánica que establece igualdad de condiciones y no discriminación para quien no forma parte del Poder Judicial".

"Cada argentino con título de abogado podrá ingresar al Poder Judicial. Se realizarán "sorteos por Lotería Nacional" entre quienes aprueben "por mérito" los requisitos de ingreso para ser empleado judicial. Como todos sabemos, hasta ahora para entrar al Poder Judicial, en la mayoría de los casos, hace falta un “contacto” que facilite el trámite...

3) La ley de Publicidad de los actos del Poder Judicial: La Corte (Suprema) y las Cámaras tendrán obligación de publicar las sentencias. Hasta ahora existe la obligación de dar a publicidad los actos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, pero no del Poder Judicial.

4) La ley de Publicidad y acceso directo a las declaraciones juradas de los funcionarios de los tres poderes del Estado: Las declaraciones juradas de los miembros del Poder Judicial "serán de carácter público" y "podrán ser consultadas por internet", sistema que rige para todos los funcionarios del gobierno nacional, pero no para los señores jueces. ¿Cuál es el problema de imponer transparencia sobre la situación patrimonial de estos señores?

5) La ley de creación de las Cámaras de Casación: este proyecto prevé la creación de Cámaras de Casación para los fueros Civil y Comercial, Laboral y Contencioso Administrativo, como una tercera instancia, previa a la Corte Suprema. Algo similar ya existe para el fuero penal. Se trata de colocar una instancia previa de apelación, para descomprimir las causas que llegan a la última instancia (Corte Suprema).

6) La ley de regulación de medidas cautelares contra el Estado y sus entes descentralizados: Este proyecto establece entre otras cosas, que el tiempo de la cautelar "no podrá superar los seis meses para llegar a la medida de fondo, salvo cuando la medida tenga la protección directa de la vida o de la persona".

A través de la medida cautelar se interrumpe la aplicación de leyes y en la práctica pueden pasar años antes que se resuelva una causa, demorando el servicio de justicia, como ocurre en miles de casos.

Así las cosas, al parecer de los seis proyectos hay básicamente dos que son los más cuestionados. El primero, el de la integración del Consejo de la Magistratura, porque –se dice- el gobierno pretendería subordinar el mismo a sus propios intereses.

Afirmación al menos discutible, desde el sentido común. Porque esta certeza da por descontado que el oficialismo ganará las próximas elecciones. ¿Y si las pierde y gana, por ejemplo, Macri? ¿Esto significa que Macri “manejará la justicia a su antojo e impondrá una dictadura”? ¿Tan poca confianza existe en la sociedad que debe votar?
El antecedente más inmediato de una reforma judicial fue la renovación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir de audiencias públicas e intervención del Congreso. Muy pocos cuestionan, actualmente, su integración, con personas –la mayoría- de sobrados antecedentes académicos. Esto se hizo durante la presidencia de Néstor Kirchner y, por lo que se ve, nunca se acusó a esta Corte de favorecer con sus fallos al gobierno. Más bien todo lo contrario, se elogia su independencia, como incluso se advierte actualmente por sus cuestionamientos a ciertos aspectos de la reforma propuesta.

Por otro lado, increíblemente, muchos de los que ahora defienden dicho consejo, hasta ayer nomás se quejaban de su deslucido funcionamiento. Usted mismo, ¿está de acuerdo con el funcionamiento de la justicia? ¿Le parece que funciona con eficiencia y hay que dejarla tal como está?

Lo que se pretende, en realidad, es integrar este cuerpo por personas elegidas libre y directamente por los ciudadanos y no por una corporación, cuyos miembros en muchos casos están estrechamente vinculados entre sí (jueces y abogados). Y tampoco que sean elegidos a dedo por diputados o senadores, por instrucción de sus propios partidos.
Es decir, la integración no recaería –como hasta ahora- en la decisión de las corporaciones (política, judicial o de los colegios de abogados), sino en la voluntad popular.

Con respecto a las cautelares, el tema tal vez sea un poco más complejo de entender. Especialmente las medidas que afectan al Estado. No casualmente se han propuesto modificaciones que el oficialismo está dispuesto a incorporar.

Una de las modificaciones se hará sobre el artículo dos del proyecto, que establecía que las cautelares contra el Estado dictadas por un juez incompetente -es decir, de un fuero ajeno a la causa en curso- "sólo tendrá eficacia cuando se encuentre comprometida la vida o la salud de una persona o un derecho de naturaleza alimentaria".

Esto será modificado de modo tal que la cautelar dictada por el juez incompetente tendrá eficacia "cuando se trate de sectores socialmente vulnerables, acreditados en proceso, y se encuentre comprometida la vida digna, conforme la Convención Americana de los Derechos Humanos, la salud, un derecho de naturaleza alimentaria o cuando se trate de un derecho de naturaleza ambiental".

Además, se agregará un párrafo al artículo 17, donde establece que "cuando se produzcan actos que entorpezcan la continuidad o regularidad de los servicios públicos", el Estado nacional podrá presentar "todo tipo de medidas cautelares tendientes a garantizar la prestación de esos servicios".

Este artículo fue cuestionado por entender que iba en contra del derecho a huelga, por lo que se agregará un párrafo para aclarar que esa facultad del Estado "no será de aplicación cuando se trate de conflictos laborales" (SIC La Nación).

En definitiva, de la lectura de los proyectos no se advierte con facilidad a partir de qué mecanismos se producirá el “golpe” al Poder Judicial o la alfombra que conducirá al establecimiento de un sistema totalitario y dictatorial.

A vuelo de memoria reciente, alguna vez la sociedad también se dividió con otras iniciativas. Fue así con el proyecto de divorcio (el fin de la familia y la destrucción de las bases sociales), el pago al FMI (entrega de la soberanía nacional, subordinación a los interés transnacionales, etc.), el matrimonio igualitario (sexo escatológico, decadencia de los valores morales y cristianos), estatización del sistema jubilatorio (caja política que vaciará los aportes de los futuros jubilados), la asignación universal por hijo (plata para los vagos, para incentivar que las mujeres procreen en vez de trabajar), la nacionalización de YPF (avance sobre el sector privado…)

Lo cierto es que la gente se divorcia y la sociedad sigue su curso. Se pagó al FMI y se logró autonomía política y control sobre las variables económicas. Las lesbianas y los gays se casan, son felices, y en nada influyen sobre las creencias y los valores cristianos de los heterosexuales. Las personas se siguen jubilando y cobrando poco (por la crisis del sistema entre los que aportan y los que se jubilan, que es otro problema). La asignación universal permitió reducir la indigencia y los índices de pobreza, además de aumentar el alfabetismo. YPF se está reorganizando y desde entonces en los surtidores nunca faltó combustible, como ocurría hasta hace poco ante cada feriado largo (¿o ya se olvidó?).

Con estos ejemplos quiero significarle que nada es tan grave. Que la democracia es así, unos gobiernan, proponen políticas, y otros las resisten o las apoyan. Y que en el Congreso, donde están todos representados, se debate, se discute y se modifican o no los proyectos. La democracia es eso: confrontación de ideas y de proyectos. No un convento de carmelitas descalzas, como decía un amigo mío.

Ahora, si llegó a este punto y lo prefiere, siga participando del cóctel de vaticinios y pronósticos tremendistas que inundan numerosos noticieros televisivos y radiales o que se desprenden de titulares de los principales diarios. Siga participando de cuanta marcha le propongan, participe, involúcrese. Pero si le queda tiempo, no pierda la oportunidad de informarse, pensar y sacar sus propias conclusiones.

Eso es lo que haría un ciudadano responsable, que no se deja llevar de las narices por quienes apuestan a la confusión, antes que a la información. A la agresión, antes que al debate racional. A la violencia, en vez de acatar el resultado que imponen las mayorías y minorías en la discusión parlamentaria.

Tengo para mí, cuando escucho tantas predicciones fatalistas, que utilizan la misma técnica infantil que usaron nuestros padres con nosotros, cuando nos portábamos mal. ¡Cuidado que viene el cuco! , nos decían, para asustarnos. Pero el cuco nunca aparecía…

* Eduardo Gargiulo, Docente - Periodista


Opinión por Eduardo Gargiulo * Reforma judicial: ¡Cuidado que viene el Cuco…! Le propongo que por un momento usted deje de lado que es un antikirchnerista rabioso. Que lee Clarín o La Nación y considera que Lanata es su modelo de periodista redentor, que encabeza una cruzada anticorrupción para moralizar el país. Sólo por un momento, aparte a un costado sus prejuicios, alimentados a diario por el martilleo incesante que le proponen ciertos medios, a partir de títulos contundentes, repetidos luego hasta el hartazgo por dirigentes políticos que nada aclaran. Haga un esfuerzo, por un momento deje de consumir los mensajes virulentos y afiebrados que saturan las redes sociales con mensajes apocalípticos contra la reforma judicial y profecías del fin de la democracia. Veamos los clichés más utilizados, en torno a los proyectos de reforma al Poder Judicial: “Intento de copamiento de la Justicia”; “Golpe al Poder Judicial”; “atropello a la división de poderes”, todo -por supuesto- atribuido a las oscuras maniobras del gobierno nacional. La pregunta de rigor es la siguiente: Sinceramente, ¿usted leyó algo de las modificaciones propuestas? ¿Investigó o profundizó el tema para saber, concretamente, porqué si esto se aprueba se termina la democracia y empieza la dictadura? Sea sincero con usted mismo: ¿Leyó algo, conoce el tema, o en realidad formó su opinión a partir de lo que otros dicen y los medios amplifican? Una encuesta casera de mi propia factura, con gente diversa con la que me crucé en los últimos días, arrojó que sólo 2 de 18 personas conocían “algo” de las reformas. Conocimiento superficial que provino de entrevistas escuchadas a dirigentes opositores, no a la lectura de los proyectos. Pues bien, como considero esencial saber de qué hablamos cuando criticamos o elogiamos algo, paso a sintetizarle los principales aspectos de los seis proyectos que abarca esta “democratización de la Justicia”. Le aclaro, por las dudas, que No soy abogado, sino un simple ciudadano que pretende informarse. 1) La ley de Reforma del Consejo de la Magistratura: los integrantes de este cuerpo, que pasarán a ser 19 (ahora son 13), serán elegidos por “voto popular” y podrán acceder personalidades de distintos estamentos para que no sea "un cuerpo corporativo sólo de los abogados". Se aclaró que "se respetarán los mandatos vigentes". Las principales atribuciones de este cuerpo, creado a partir de la reforma constitucional de 1994, son “seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores; administrar los recursos y ejecutar el presupuesto del Poder Judicial; ejercer facultades disciplinarias sobre los magistrados e incluso decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en su caso ordenar la suspensión y formular la acusación correspondiente”. En la actualidad lo integran 3 senadores nacionales y tres diputados nacionales (dos por la mayoría y uno por la minoría de cada cámara), un representante del Poder Ejecutivo Nacional, tres que provienen del Poder Judicial, dos de los abogados y uno del ámbito académico, a propuesta del Consejo Interuniversitario Nacional. En el proyecto se suman cinco académicos, de cualquier profesión, y un abogado. 2) La ley de ingreso democrático al Poder Judicial y al Ministerio público Fiscal y de la Defensa: se establecerá en la ley "una mecánica que establece igualdad de condiciones y no discriminación para quien no forma parte del Poder Judicial". "Cada argentino con título de abogado podrá ingresar al Poder Judicial. Se realizarán "sorteos por Lotería Nacional" entre quienes aprueben "por mérito" los requisitos de ingreso para ser empleado judicial. Como todos sabemos, hasta ahora para entrar al Poder Judicial, en la mayoría de los casos, hace falta un “contacto” que facilite el trámite... 3) La ley de Publicidad de los actos del Poder Judicial: La Corte (Suprema) y las Cámaras tendrán obligación de publicar las sentencias. Hasta ahora existe la obligación de dar a publicidad los actos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, pero no del Poder Judicial. 4) La ley de Publicidad y acceso directo a las declaraciones juradas de los funcionarios de los tres poderes del Estado: Las declaraciones juradas de los miembros del Poder Judicial "serán de carácter público" y "podrán ser consultadas por internet", sistema que rige para todos los funcionarios del gobierno nacional, pero no para los señores jueces. ¿Cuál es el problema de imponer transparencia sobre la situación patrimonial de estos señores? 5) La ley de creación de las Cámaras de Casación: este proyecto prevé la creación de Cámaras de Casación para los fueros Civil y Comercial, Laboral y Contencioso Administrativo, como una tercera instancia, previa a la Corte Suprema. Algo similar ya existe para el fuero penal. Se trata de colocar una instancia previa de apelación, para descomprimir las causas que llegan a la última instancia (Corte Suprema). 6) La ley de regulación de medidas cautelares contra el Estado y sus entes descentralizados: Este proyecto establece entre otras cosas, que el tiempo de la cautelar "no podrá superar los seis meses para llegar a la medida de fondo, salvo cuando la medida tenga la protección directa de la vida o de la persona". A través de la medida cautelar se interrumpe la aplicación de leyes y en la práctica pueden pasar años antes que se resuelva una causa, demorando el servicio de justicia, como ocurre en miles de casos. Así las cosas, al parecer de los seis proyectos hay básicamente dos que son los más cuestionados. El primero, el de la integración del Consejo de la Magistratura, porque –se dice- el gobierno pretendería subordinar el mismo a sus propios intereses. Afirmación al menos discutible, desde el sentido común. Porque esta certeza da por descontado que el oficialismo ganará las próximas elecciones. ¿Y si las pierde y gana, por ejemplo, Macri? ¿Esto significa que Macri “manejará la justicia a su antojo e impondrá una dictadura”? ¿Tan poca confianza existe en la sociedad que debe votar? El antecedente más inmediato de una reforma judicial fue la renovación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir de audiencias públicas e intervención del Congreso. Muy pocos cuestionan, actualmente, su integración, con personas –la mayoría- de sobrados antecedentes académicos. Esto se hizo durante la presidencia de Néstor Kirchner y, por lo que se ve, nunca se acusó a esta Corte de favorecer con sus fallos al gobierno. Más bien todo lo contrario, se elogia su independencia, como incluso se advierte actualmente por sus cuestionamientos a ciertos aspectos de la reforma propuesta. Por otro lado, increíblemente, muchos de los que ahora defienden dicho consejo, hasta ayer nomás se quejaban de su deslucido funcionamiento. Usted mismo, ¿está de acuerdo con el funcionamiento de la justicia? ¿Le parece que funciona con eficiencia y hay que dejarla tal como está? Lo que se pretende, en realidad, es integrar este cuerpo por personas elegidas libre y directamente por los ciudadanos y no por una corporación, cuyos miembros en muchos casos están estrechamente vinculados entre sí (jueces y abogados). Y tampoco que sean elegidos a dedo por diputados o senadores, por instrucción de sus propios partidos. Es decir, la integración no recaería –como hasta ahora- en la decisión de las corporaciones (política, judicial o de los colegios de abogados), sino en la voluntad popular. Con respecto a las cautelares, el tema tal vez sea un poco más complejo de entender. Especialmente las medidas que afectan al Estado. No casualmente se han propuesto modificaciones que el oficialismo está dispuesto a incorporar. Una de las modificaciones se hará sobre el artículo dos del proyecto, que establecía que las cautelares contra el Estado dictadas por un juez incompetente -es decir, de un fuero ajeno a la causa en curso- "sólo tendrá eficacia cuando se encuentre comprometida la vida o la salud de una persona o un derecho de naturaleza alimentaria". Esto será modificado de modo tal que la cautelar dictada por el juez incompetente tendrá eficacia "cuando se trate de sectores socialmente vulnerables, acreditados en proceso, y se encuentre comprometida la vida digna, conforme la Convención Americana de los Derechos Humanos, la salud, un derecho de naturaleza alimentaria o cuando se trate de un derecho de naturaleza ambiental". Además, se agregará un párrafo al artículo 17, donde establece que "cuando se produzcan actos que entorpezcan la continuidad o regularidad de los servicios públicos", el Estado nacional podrá presentar "todo tipo de medidas cautelares tendientes a garantizar la prestación de esos servicios". Este artículo fue cuestionado por entender que iba en contra del derecho a huelga, por lo que se agregará un párrafo para aclarar que esa facultad del Estado "no será de aplicación cuando se trate de conflictos laborales" (SIC La Nación). En definitiva, de la lectura de los proyectos no se advierte con facilidad a partir de qué mecanismos se producirá el “golpe” al Poder Judicial o la alfombra que conducirá al establecimiento de un sistema totalitario y dictatorial. A vuelo de memoria reciente, alguna vez la sociedad también se dividió con otras iniciativas. Fue así con el proyecto de divorcio (el fin de la familia y la destrucción de las bases sociales), el pago al FMI (entrega de la soberanía nacional, subordinación a los interés transnacionales, etc.), el matrimonio igualitario (sexo escatológico, decadencia de los valores morales y cristianos), estatización del sistema jubilatorio (caja política que vaciará los aportes de los futuros jubilados), la asignación universal por hijo (plata para los vagos, para incentivar que las mujeres procreen en vez de trabajar), la nacionalización de YPF (avance sobre el sector privado…) Lo cierto es que la gente se divorcia y la sociedad sigue su curso. Se pagó al FMI y se logró autonomía política y control sobre las variables económicas. Las lesbianas y los gays se casan, son felices, y en nada influyen sobre las creencias y los valores cristianos de los heterosexuales. Las personas se siguen jubilando y cobrando poco (por la crisis del sistema entre los que aportan y los que se jubilan, que es otro problema). La asignación universal permitió reducir la indigencia y los índices de pobreza, además de aumentar el alfabetismo. YPF se está reorganizando y desde entonces en los surtidores nunca faltó combustible, como ocurría hasta hace poco ante cada feriado largo (¿o ya se olvidó?). Con estos ejemplos quiero significarle que nada es tan grave. Que la democracia es así, unos gobiernan, proponen políticas, y otros las resisten o las apoyan. Y que en el Congreso, donde están todos representados, se debate, se discute y se modifican o no los proyectos. La democracia es eso: confrontación de ideas y de proyectos. No un convento de carmelitas descalzas, como decía un amigo mío. Ahora, si llegó a este punto y lo prefiere, siga participando del cóctel de vaticinios y pronósticos tremendistas que inundan numerosos noticieros televisivos y radiales o que se desprenden de titulares de los principales diarios. Siga participando de cuanta marcha le propongan, participe, involúcrese. Pero si le queda tiempo, no pierda la oportunidad de informarse, pensar y sacar sus propias conclusiones. Eso es lo que haría un ciudadano responsable, que no se deja llevar de las narices por quienes apuestan a la confusión, antes que a la información. A la agresión, antes que al debate racional. A la violencia, en vez de acatar el resultado que imponen las mayorías y minorías en la discusión parlamentaria. Tengo para mí, cuando escucho tantas predicciones fatalistas, que utilizan la misma técnica infantil que usaron nuestros padres con nosotros, cuando nos portábamos mal. ¡Cuidado que viene el cuco! , nos decían, para asustarnos. Pero el cuco nunca aparecía… * Eduardo Gargiulo, Docente - Periodista