Lesa humanidad: confirmaron procesamiento a empresario
en Salta
Se trata de Marcos Jacobo Levín. Lo resolvió la Cámara
Federal de esa ciudad. Alcanza también a los policías
Víctor Hugo Bocos y Enrique Víctor Cardozo, ampliándolo
con respecto a Víctor Hugo Almirón, por los tormentos
causados a Víctor Manuel Cobos.
La Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó
el procesamiento sin prisión preventiva de cuatro imputados
de la causa Nº 031/12, “Cobos, Víctor Manuel y Otros
s/ Su Denuncia s/ Apremios Ilegales” que había resuelto
el Juez Federal Nº 1 de Salta.
Cabe aclarar que ante la justicia provincial de Salta tramitó
la causa penal Nº 45.520/77 iniciada por la denuncia de Marcos
Jacobo Levín, gerente-titular de la empresa “La Veloz
del Norte”, en la Seccional 4ª de Policía de la
Provincia (sumario 85/77) en contra de varios empleados, entre los
que se encontraba Víctor Manuel Cobos, por defraudaciones reiteradas.
El Tribunal consideró que más allá de que habría
quedado acreditado que en el proceso provincial se investigaban dichas
defraudaciones, con igual grado de certeza consideró que se
encuentra probado que Levín instigó (por conducto del
subcomisario Bocos de la señalada seccional 4ta.) para que
se utilizase el aparato estatal -a través de las comprobadas
torturas ejecutadas en dicho lugar contra los mencionados empleados-
como medio de persecución respecto de Víctor Manuel
Cobos, quien desempeñaba actividades gremiales y había
movilizando gremialmente a los empleados de la empresa desde años
anteriores, tal como lo entendió el juez de primera instancia
y lo sostuvo la Fiscalía y la querella en su alegación,
ya que gran parte de los implicados en la supuesta estafa fueron reincorporados
a la Empresa al cabo del tiempo, a diferencia de Cobos que fue exonerado
(sic) de la misma.
Asimismo, la Cámara hizo lugar a la solicitud de la querella
y procesó a Víctor Hugo Almirón –máximo
responsable de la señalada comisaría- como partícipe
necesario de las torturas aplicadas a Cobos, ya que como Jefe de la
dependencia a la fecha de los hechos (enero de 1977) facilitó
la actuación de sus subordinados, omitiendo, además,
su deber de velar por la seguridad e integridad de los detenidos.
Finalmente, entre otros puntos, rechazó el planteo de falta
de acción y jurisdicción que efectuaron las defensas,
considerando que existió delito de lesa humanidad, ya que si
bien la causa contra los detenidos tuvo origen en una supuesta defraudación,
en particular contra Cobos se desenvolvió dentro del marco
de un plan sistemático y generalizado dirigido contra opositores
políticos y gremiales por el entonces gobierno nacional y del
que formaron parte todas las fuerzas armadas y de seguridad.