Vertbisky sobre la desaparición del primer rector de la UNSL

“El camarista Miret dijo en un reportaje que cuando se enteró que Mauricio López había desaparecido, pensó que estaba escondido”

San Luis (Pelr) 28-04-10. En el marco de un ciclo de conferencias organizado por la Secretaría de Extensión de La Universidad Nacional de Cuyo, el martes 20 de abril de 2010 disertó en Mendoza el periodista Horacio Vertbisky. En su condición de Periodista del diario Página 12 y como presidente del Cels (Centro de Estudios Legales y Sociales) la charla de Vertbisky estuvo enfocada a desnudar la complicidad de dos actuales integrantes de la Cámara Federal de Mendoza con el terrorismo de Estado. En una alocución que, sin contar el debate posterior, duró 45 minutos el periodista desmenuzó, entre otros tópicos, las razones de la renuncia del ex camarista Carlos Martín Pereyra González y los motivos del retraso en la investigación por la desaparición de Mauricio López, hecho ocurrido en Mendoza el 1 de enero de 1977.

Lo que sigue es la transcripción textual de los dichos de Horacio Vertbisky ante 400 personas en el Teatro Universidad de la Secretaría de Extensión de UNCuyo:

Gracias por estar hoy acá, gracias por ser tantos, gracias por quedarse, gracias a los compañeros de la Universidad Nacional de Cuyo. Yo estoy aquí porque como presidente del CELS hemos advertido con asombro que Mendoza es la única jurisdicción nacional importante en la cual no hay detenidos por crímenes de lesa humanidad. Y cuando nos pusimos a tratar de entender porqué ocurría eso, descubrimos que esto ocurre como consecuencia de una política deliberada de un grupo de magistrados que ha hecho todo lo posible para que no haya en Mendoza debate público en juicios orales. Y que no lo viene haciendo desde ahora.

El actual camarista Luis Francisco Miret ya en 1987 votó para que las causas de Mendoza fueran trasladadas a Córdoba, porque lo que no quieren es el desfile de testigos que cuenten ante todo el pueblo de Mendoza lo que él y Otilio Romano hicieron como cómplices de la dictadura.

Esta política de demora, de obstrucción, es deliberada y en su defensa la Federación Argentina de Colegios de Abogados -la cual ha sido inducida a error- ha dicho que lo único que han hecho es aplicar una jurisprudencia de la Cámara de Casación Penal: el llamado plenario Díaz Bessone. Eso no es cierto. El plenario Díaz Bessone es del 30 de octubre de 2008 y la Cámara Federal de Mendoza empezó a dejar en libertad a los represores el 23 de mayo. Liberando una nueva tanda el 13 de septiembre. Y una tercera tanda el 18 de septiembre. Recién en los primeros meses de 2009 completó esa política de impunidad de dejar a todos los represores en libertad, e incluso autorizar a alguno de ellos a que se vaya de vacaciones.

En el reportaje de hoy del diario El Sol, muy interesante, ojala todos ellos hablaran, ojala los medios les acercaran micrófonos y cámaras para que todo el mundo pudiera escucharlos, el juez Miret compara su situación con la del ex camarista Carlos Martín Pereyra González. Dice Miret que “ya consiguieron la renuncia de Pereyra González ahora vienen por nosotros”. Efectivamente, en eso dice la pura verdad. Venimos por Romano, Miret y todos los cómplices del terrorismo de Estado. (aplauso)

En el caso de Pereyra González ocurrió lo que Miret y Romano quieren evitar que ocurra aquí: y es que en el debate oral de San Luis empezaron a aparecer los testimonios y la documentación, y entonces dijeron ¡epa! Este Pereyra González es el mismo que en el 76 era el Secretario que convalidó todos estos atropellos y ahora es Camarista Federal. Ante la promoción inminente del juicio político Pereyra González renunció. Eso es lo que quieren evitar Miret y Romano.

Miret está tan consciente de eso que lo dice claramente en el reportaje de El Sol. Están actuando en defensa propia. Desde el punto de vista jurídico eso no es reprobable, están ejerciendo el derecho de defensa, pero lo está ejerciendo a costa de obstaculizar el conocimiento de la verdad y el virtual castigo a los responsables y el saneamiento de la sociedad.

Esta información que yo manejo y que manejan los Organismos de Derechos Humanos surge sin lugar a dudas de los expedientes que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó digitalizar. Allí se tuvo idea acabada de la magnitud de la complicidad y del encubrimiento que estos magistrados hicieron en aquellos años. Pereyra González era apenas un Secretario, Romano era Fiscal y Miret era juez subrogante y luego camarista. Miret y Romano tenían una jerarquía superior a la de Pereyra González por lo que su responsabilidad es mayor.

Miret dice que él es un juez de la democracia, un campeón del garantismo, que fue designado antes del golpe militar. Eso no es cierto, como tantas otras cosas que él dice. Él fue designado por la dictadura. Con el gobierno constitucional era defensor oficial y luego fue juez federal subrogante durante unos meses. Pero además Miret tiene una historia previa porque antes fue secretario y como tal participó en 1971 en el arresto del Gordo Guevara y del otro inolvidable abogado de los DD HH de Mendoza, el doctor Toum. (aplauso)

A estos dos abogados los detuvieron porque se habían animado a cuestionar un procedimiento judicial de la época y salió una nota en la prensa con los dichos que se les atribuían, y en función de eso Miret los citó y quedaron detenidos mucho tiempo.

Este hombre que tenía una designación previa como defensor oficial, pero que fue designado juez por la dictadura juró en un acto que ha sido rescatado de los archivos por un grupo de jóvenes. Que bueno haya jóvenes que cuando nos vayamos los viejos que quedamos mantengan estas causas para que no se extingan. (Muestra recorte) “Asumieron nuevos magistrados en la Cámara Federal de Apelaciones”, y aquí está la jura de Miret con la firma del brigadier mayor Fernández (Jorge Sixto) interventor militar en la provincia de Mendoza y con una asistencia prefecta de todos los milicos que gobernaban en ese momento. Ante ellos jura él,

Es cierto que hay otros jueces en todo el país que han jurado por los estatutos y las actas. No había demasiadas alternativas para el que estaba en funciones. Si se negaba a jurar no podía seguir siendo juez y si renunciaba para no jurar se exponía a la represalia. Hay algunos casos de algunos magistrados que se negaron a jurar y luego fueron detenidos desaparecidos. Lo que importa, además de ese juramento indigno porque indigna era la época y porque el miedo invadía los corazones, es cómo se desempeñó cada uno. Por ejemplo Raúl Zaffaroni, que era juez, también juró por los estatutos, pero fue un juramento que nunca cumplió ni pensó cumplir. Fue un juramento que no honró en la práctica. En realidad lo que honró fue su compromiso con los derechos humanos y a pesar de haber jurado por esos estatutos los contradijo una y otra vez decretando libertades, autorizando opciones para salir del país, ordenando investigación de torturas, aún a costa del riesgo que eso implicaba.

En cambio Miret y Romano difieren absolutamente, porque ellos juraron cumplir los estatutos de la dictadura y los cumplieron, declarando inconstitucionales una cantidad de normas que entraban en colisión con esos estatutos durante la dictadura. Eso les permitió avanzar contra militantes detenidos en aquella época.

En el reportaje de hoy Miret también niega su amistad con el general Juan Pablo Saá. Hago una breve síntesis de este tema. En el año 87 cuando comenzaron estas investigaciones Miret se excusó de entender porque dijo que él era amigo del general Saá. Pero luego cuando se abrieron los juicios por la verdad en el 2000, a pedido del entonces defensor oficial Héctor Cortés, Miret no se excusó. Y fue él el que interrogó al general Saá. Y tal como él había dicho, lo interrogó como a un amigo. Lo hizo subir por el ascensor de los magistrados y lo invitó a un café en su despacho antes de la audiencia. El argumento era que ese juicio no tenía pretensión punitiva y por lo tanto Saá era nada más que un testigo y no un imputado. Lo cual formalmente era cierto, pero ante la apelación de las víctimas por esa actitud, la Cámara Nacional de Casación Penal permitió que Miret siguiera a cargo de las audiencias, pero la Corte Suprema no.

Cuando la Corte lo apartó Miret dijo que no, que él no era amigo del general Saá, sino del hermano. Pero acá yo tengo copia de la presentación que Miret hace en febrero de 1987 donde él dice que “Mantengo amistad con Juan Pablo Saá desde que en 1973-1974 fui procurador fiscal en San Luis y allí conocí a toda su familia. Por la íntima amistad trabada con el entonces secretario del Juzgado Federal Hipólito Saá y señora, que era hermano del después general. Al ser trasladado el general a Mendoza tuvimos estrecho trato social”. Él se excusa por ser amigo, él firma. Ahora dice que no, que su amigo era el hermano del general.

Romano antes de ser camarista era fiscal y como tal él tuvo que acusar al general Luciano Benjamín Menéndez, pero en vez de acusarlo actuó como defensor invocando la ley de Obediencia Debida. A lo que se opuso el propio Menéndez haciéndose responsable de todo. Romano entonces era más milico que el milico. Debo decir además que tanto Romano como Miret engañaron a la opinión pública y a la Federación de Colegios de Abogados. Romano dijo al diario La Nación que era acusado y presionado por los Organismos de DD HH y por el gobierno nacional como forma de presión porque él tenía la causa de la ley de medios audiovisuales. Es al revés, y eso no es cuestión opinable, se constata con la cronología, que para algo sirve. Lo acusaron antes de que recibiera la causa y él intentó negociar, pero el gobierno no lo aceptó.

La digitalización de las causas comenzó, con personal enviado por la Corte Suprema, en julio del año pasado. En agosto los Organismos de DD HH ya tuvieron acceso a los expedientes y probaron la complicidad de los jueces, a la cual luego me voy a referir. Ahí comenzaron a preparar el pedido de juicio político y lo presentaron el 22 de marzo de este año. La causa en apelación de la ley de medios la recibió esa Cámara el 28 de marzo. ¿Cómo puede el gobierno presionarlo con un tema que hasta entonces no tenía?.

Después la Federación Argentina de Colegios de Abogados, a pedido del Colegio de Abogados de Mendoza, expresó (lee) “preocupación por la indebida intromisión del Ejecutivo Nacional a la necesaria independencia del Poder Judicial, al solicitar la promoción de juicio político a integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza”. Eso es otra falsedad. Ni Romano, ni Miret fueron denunciados por el Poder Ejecutivo Nacional, sino por las víctimas de las violaciones a sus derechos humanos, padecidas bajo la complicidad de estos jueces.

En el reportaje de hoy es impresionante el lenguaje canero, milico, que habla todo el tiempo. Él de desaparecidos no sabía nada. Recién se enteró en 1985, con los juicios. Ustedes viven en Mendoza y saben que, si bien la cuidad ha crecido, en el 76 todos sabían lo que pasaba, no se podía ocultar semejante cosa. Cuando le preguntan respecto a la desaparición del profesor cuyo nombre ha honrado la Universidad poniéndoselo al aula magna de Ciencias Políticas y al programa de proyectos de extensión, Mauricio López, Miret dice que él creía que estaba escondido. Dice que para él Mauricio López no estaba desaparecido sino escondido. Es una tomadura de pelo.

Respecto de la apropiación de hijos de detenidos desaparecidos Miret dice una monstruosidad increíble. “Ahora sabemos que eso estaba mal, pero en aquella época desaparece una mujer…no se sabe que hacer con los hijos…los agarra un policía…y no teníamos sensibilidad para eso”. Él no tenía sensibilidad para eso. Cuando habla de las torturas, lo primero que hace es ponerlas en duda. Dice que él nunca vio a nadie golpeado ni que hubiera sufrido malos tratos. Eso es falso absolutamente, porque en los expedientes que están agregados al pedido de juicio político constan las pericias médicas encargadas por ellos mismos, lo que demuestra que esas personas habían sido torturadas. A la vez esas personas cuentan como habían sido torturadas. Ni Romano como fiscal, ni Miret como juez toman en cuenta eso, por el contrario. No investigan a los responsables de esas torturas y en cambio usan las declaraciones obtenidas en la mesa de tortura para avanzar en el procesamiento de esas personas. Dice Miret en el reportaje “Bueno todos los detenidos dicen que los han castigado para invalidar la declaración, por eso se le sacó a la policía la facultad de interrogar, porque sino les hacen submarino que no deja marcas o lo cuelgan de los pies y al día siguiente el tipo canta”. “El tipo canta”, dice un juez de la Nación. Señor magistrado, a usted le parece…

No solo Miret hacía esas cosas entonces, sino que al día de hoy sigue justificando el terrorismo de Estado. El día 9 de septiembre del año pasado, en su curso de Filosofía del Derecho, donde enseña Ética y Derechos Humanos, Miret dijo “que no tenemos posibilidad de tener paz ni solidaridad, si no tenemos orden. Cuando el país tuvo momentos caóticos toda la sociedad argentina pidió orden. Los que pusieron orden en el caos fueron los militares y ya sabemos que tipo de orden. Pero momento: la gente clamaba por orden. Reclamaba que alguien pusiera orden, porque en ese estado no se puede vivir. El orden puede ser injusto, pero no hay justicia si antes no hay orden. ¿Está claro?”. Clarísimo doctor. Más claro imposible. Insisto: hay que ponerles el micrófono.

“El Poder Judicial”, dice Miret, “es impotente para devolverle el hijo. Ya desapareció. ¿Es justo que haya justicia?, sí. También es justo saber que hay cosas que el Poder Judicial no puede arreglar. No siempre se puede meter al culpable preso, porque antes de meterlo preso hay que demostrar la culpabilidad. Nada más, ni nada menos”. Nada más ni nada menos.

Hablábamos del profesor Mauricio López. Acá tengo una carta de un funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Ciro Dichiáricco, que estuvo el 17 de mayo de 2004 en Mendoza presentando denuncia y querella por el funcionamiento de un centro clandestino de detención en predios de la Cuarta Brigada Aérea, en el departamento Las Heras, donde estuvo privado de su libertad el Profesor Mauricio López, entre otras personas. (Lee) “Se presentó testimonio de víctimas, testigos con domicilio vigente, lugares con vestigios constatables, incluso relatos de personal vinculado con los represores, pero lo único que se logró fue una medida cautelar meramente formal de preservación del predio, que igual fue violado por desconocidos, que inclusive se permitieron amenazar a partes y peritos que desarrollaban labores de relevamiento probatorio. La Justicia Federal de Mendoza a través de varios de sus funcionarios mostró una llamativa vocación por encontrar complicaciones y problemas que parece que antes no tenía. En vez de acumular los archivos por razones de orden probatorio, inmediatez y economía procesal, se dilató en el tiempo de manera incomprensible. Parece que extraer expedientes de sus legajos ubicados en oficinas de su propio edificio se convirtió en una tarea tan difícil, como si se hubieran propuesto cruzar Los Andes saltando en un pie. Sobrevino inmediatamente una andanada de reclamos ante autoridades nacionales, argumentando falta de recursos humanos y logísticos para afrontar la magnitud del trabajo que se les venía encima para investigar estos graves hechos. Llegaron a proponer que el juzgado encargado de estas investigaciones se trasladara a otro edificio, en el alto de un edificio de un viejo Tribunal de Faltas Municipal, alejado completamente de la zona de Tribunales. Cuando la Corte Suprema les asignó el presupuesto reclamado, los cargos asignados a Mendoza se habrían desviado a otros fueros y además designaron a familiares, amigos y acomodados que nada tienen que ver en su formación con una seria e imparcial investigación por delitos de lesa humanidad. Cuando finalmente se fijaron audiencias para recibir el testimonio de víctimas, muchas de esas víctimas denunciaron que fueron objeto de mal trato en el juzgado (Acá no lo menciona pero entiendo que es el juzgado de Walter Vento, secretaría Granica). La carta sigue diciendo que muchas de las víctimas denunciaron que se les dijo “¿Para que revuelven estas cosas?”, “Ustedes buscan indemnizaciones”, “¿Cuánto arreglaron con los abogados de DDHH”, e infamias por el estilo. Al mismo tiempo que los dichos de los testigos eran llevados a destacar algún olvido secundario, alguna equivocación con una fecha o descripciones detalladas y perversas de las vejaciones sufridas.”

Según la carta, para una pericia de relevamiento topográfico de los enterramientos clandestinos, luego de mil postergaciones, les ofrecieron un avión. ¿Ustedes se imaginan relevar enterramientos desde un avión?, eso es imposible. Cuando consiguieron que les asignaran un helicóptero, que es un aparato que vuela despacito, que se posa, reclamaron el pago de la aeronafta. La Secretaría de DD HH consiguió los recursos. Pero cuando otros peritos de parte relevaron la zona fueron seguidos por un helicóptero similar y para eso no pidieron aeronafta. Para ese seguimiento si había recursos.

Termina este funcionario “La Justicia Federal mendocina demanda a gritos una urgente recomposición y reformulación en pos de la democracia y de la República. Lo que hay no es más que bolsones de representantes de la dictadura cívico militar genocida, del Pacto de Olivos y del menemismo, con esto es imposible construir un verdadero estado de derecho respetuoso de los DDHH.

La obstrucción al avance de las causas incluye por ejemplo, cuando renunció Pereyra González, la elección para cubrir la vacante del juez jubilado Enrique Sosa Arditi, padre del defensor de Rico Tejeiro, uno de los acusados por los crímenes que se investigan. Si esto no es voluntad de encubrimiento ¿cómo se le puede llamar?.

Cuando el Fiscal General Jorge Ahuad, designado por la Procuración General de la Nación hizo público que estos camaristas obstruían el avance de las causas pidieron intervención al Procurador General Esteban Righi y los camaristas denunciaron a Auad por haber hecho una conferencia de prensa donde expuso sobre la obstrucción a las causas. Ellos lo denunciaron pero Righi respaldó a Ahuad.

Entrando un poco a las causas por las cuales se promueve el juicio político y además se pide la detención de los doctores Romano y Miret por su participación en torturas y apremios ilegales, el abuso sexual agravado en crímenes contra la humanidad. Hay una denuncia presentada ante el fiscal de DDHH Omar Palermo por los ex presos políticos Fernando Rule y David Blanco, que aportan los expedientes Mocchi, Luna Rabanal y Menéndez, que son esos expedientes que se encontraron en el archivo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La pauta reiterada de esos casos era declarar la inconstitucionalidad de cualquier norma que se opusiera al acta y al estatuto de la dictadura, cerrar investigaciones, no investigar a miembros de las fuerzas de seguridad denunciados por torturas, violaciones y robos. En cambio si tomar como válidas las declaraciones de detenidos contra sí mismos, obtenidas bajo tortura.

Uno de los casos más impresionantes es el de una criatura de 16 años, que fue detenida e incomunicada, sobre la que Miret en un lapso de 30 minutos la entregó a sus padres (como correspondía) y luego revocó su propia decisión (porque alguien fue y le dijo). En la foja 131 Miret es el campeón del garantismo, en la foja 138 vuelta ya no, porque en vez de entregarla a la madre la entregó a las fuerzas de seguridad quienes la golpearon y la violaron. La violación era parte habitual del tratamiento en el D2. La violación es algo que evidentemente hay que incorporar al enjuiciamiento por crímenes de lesa humanidad porque constituye la especificidad de género del terrorismo de Estado. (Aplausos). (Nota: hace referencia a Luz Faingold, tapa de Página12 de este domingo)

El ex detenido Luna afirma que en junio de 1976 estuvo detenido en el D2 y que el oficial de justicia, cuando él denunció lo que le había pasado, solo se interesó por su actividad política. Lo mismo le ocurrió a Rosa Gómez, quien a la hora de declarar denunció que había sido manoseada, quemada con cigarrillos y relató un intento de violación, pero el interés de los magistrados solo se centró en su actividad política. Al ex detenido Globobsky le rompieron un palo en la cabeza y le robaron su dinero y dijo que escuchó a la chiquita pedir que no la violaran en ese lugar sombrío. Además dijo que a todos sus compañeros les robaron algo. Jamás nada fue investigado.

Lo que decía antes de Miret también se aplica a Romano: son más verdugos que los verdugos. Romano se opone a la libertad de una detenida de apellido Ligiera por considerar que no ha cumplido con los reglamentos carcelarios, pero el director de la Unidad II aconseja otorgar la libertad. El juez Guzzo, que no era precisamente un garantista, concede la libertad y Miret desde la Cámara se opone, y sostiene el criterio de Romano.

Hay lesiones denunciadas por Prudencio Mocchi, por Ismael Calvo, por Blas Yanzón, la violación y tortura a la criatura de la que ya les hablé, detenida e incomunicada pese a ser menor. Miret dice “Nosotros mandábamos médicos”, la pregunta es qué hacían con lo que decidían los médicos. En el caso de esta criatura los peritos dijeron “urgente tratamiento psiquiátrico porque presenta depresión, angustia y es vulnerable a vivencias psicotraumáticas”. Miret prohibió que el defensor Julio Quevedo Mendoza viera a sus defendidos. “Me extraña”, dice Miret en el reportaje, “porque éramos amigos y teníamos buena relación”. Finge demencia, dice que le extraña eso que consta en el expediente.

En la causa Rabanal, leyendo los testimonios, hay un episodio que me hizo recordar a las torturas de tipo sexual que aplicaban en la prisión de Abu Graib, luego de la ocupación de Irak. En la foja 487, la entonces detenida Vicenta Zárate declara que la hicieron formar una pirámide humana. Todos los hombres abajo y las mujeres arriba. La golpeaban a diario con puñetazos, patadas, dormía en el suelo, sin ninguna atención por su herida, la violaron y le hicieron firmar declaraciones vendada.

En ese mismo expediente el juez Guzzo decide sacar copia de las declaraciones de una cantidad de detenidos sobre las torturas para que se investiguen. Ahí el juez pide que se averigüen los apremios ilegales a Rodolfo Molina, Fernando Rule, Marcos Ibáñez, Alberto Muñoz, Haydee Fernández, Vicenta Zárate, Silvia Ontiveros y Estela Marys Ferrón. Le corren vista al fiscal Romano y él dice “No, a mí a trasládenme el expediente una vez que hayan identificado al personal policial”. Él debía identificarlo, era su responsabilidad. El tribunal investigó y llegó a determinar quiénes eran los funcionarios, pero le llevó tiempo. Entonces en octubre de 1978, un año después, vuelve a darle vista a Romano quien dice que los apremios ilegales se habrían producido más de dos años antes de la denuncia, razón que vuelve imposible su demostración y ordena el archivo de la causa. Pero había constancias suficientes que probaban las lesiones, tal como consta en el expediente. Eso sí: con las indagatorias bajo esas torturas acusa a las víctimas.

Una persona que había sido privada de su libertad, que se llama Alicia Morales, pide que se oficie a la Policía y al Ejército para que informen qué pasó con todos los muebles de su casa y con su auto, porque como se sabe el saqueo de bienes formaba parte de la práctica represiva. Romano se opone en razón de “no entender el pedido del defensor oficial ya que dicha investigación nada tiene que ver con la investigación a la que está avocado el tribunal. De confirmarse tal acto denegando la revocatoria que impetro (¡Como escriben! ¡Que mente hay que tener para escribir así!. No solo es un problema de ellos, sino que es un problema general del Poder Judicial. Les pedimos a los jueces que escriban en castellano) convertiríamos al tribunal en una oficina de informes de objetos perdidos”. Además hay que notar el tono despectivo. Le saquean los bienes, la víctima pide que se investigue y le contestan esto.

En la causa Fiscal contra Menéndez, donde se investiga la desaparición forzada de Alfredo Manríquez, Laura Terrera y Celina Rebeca Manríquez Terrera, que era la hijita que fue secuestrada junto a los padres cuando tenía 8 meses de edad, Miret ordena el archivo invocando las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Pero esas leyes no perdonaban el robo de bebés, fue precisamente esto lo que las Abuelas de Plaza de Mayo consiguieron, que tanto Alfonsín y luego Menem aún con los indultos permitieran que esos delitos no fueran perdonados, y eso fue lo que a los Organismos de DDHH les permitió mantener un hilo tenso a partir del cual se llegó, muchos años después, a la reapertura de las causas.

A raíz de esto que les contaba de que Miret dice que él no sabía que estaba mal robar los chicos, que no se habían dado cuenta, en el reportaje de El Sol vuelve a usar el lenguaje de la represión y se refiere a la apropiadora como “la madre”. Dice “El juez procesó a la madre y después la dejó en libertad”. No es la madre, es la apropiadora.

Respecto a esta idea de que estas cosas se denuncian ahora para presionarlos por otro tema. Yo tengo que agradecer al periodista Rodrigo Sepúlveda por la investigación que hizo en su licenciatura en Comunicación Social en la Universidad de Cuyo en 2003, su tesis de grado versa sobre estos hechos. Sepúlveda filmó un documental sobre el D2 con testimonios de los detenidos de entonces. Es decir: cuando no había ni ley de medios ni kirchnerismo. En el 2000 gobernaba De la Rúa y en el 2003 recién comenzaba Kirchner. En el documental se narra que Miret ordenó la detención de militantes de una organización que se llamaba Organización Comunista Poder Obrero. Entonces su compromiso con la represión y los métodos ilegales lo llevaron a las mismísimas mazmorras del D2. Juan Carlos Yanzón y Hugo Tomini, dos de los detenidos de entonces, recuerdan cuando los policías les sacaron la venda que los mantenía sin vista para que hablaran con el juez. “Hay que pararse que viene el juez” les dijo el guardia. El carcelero abrió la puerta del calabozo y apareció el magistrado. “¿Cómo están?” le preguntó Miret a Hugo Tomini. “Dolorido”, le contestó el detenido. “Hay que aguantar”, les dijo entonces el juez.

Cuando los detenidos denunciaron que habían sido víctimas de tortura y que las mujeres habían sido violadas Miret les respondió con un gesto de indiferencia. Cuando Tomini, meses después estuvo en la penitenciaría consiguió que le dieran la opción para salir del país. Su padre fue a ver a Miret para que este firmara la documentación necesaria para quedar en libertad ya que el Poder Ejecutivo (PEN) le había concedido esa opción. Cuando Miret vio los papeles le comentó al padre de Tomini “Si el presidente Videla no tiene nada contra su hijo yo tampoco”. Y comenta Tomini “Miret era un soldado de su general, no se ponía en juez. Era uno más del escalafón”. Jaime Torrens, otro detenido de entonces, testimonia que Miret le dijo que lo iba a condenar porque “más allá de las pruebas que yo tenga, usted es mi enemigo”.

Después está el caso donde participa la hija de Otilio Romano, la defensora oficial ad hoc Verónica Romano, en la recusación del juez Juan González Macías, que es uno de los jueces más íntegros del país, uno de los pocos que declaró la nulidad de la ley de Obediencia Debida, no ahora cuando hay todo un sostén social, sino en 1987, y que investigó el asesinato de Graciela Fiochetti en San Luis y detuvo a un coronel que era en ese momento asistente del Jefe de Estado Mayor del Ejército Ríos Ereñu. Para todo eso hay que tener las pelotas bien puestas.

Los defensores oficiales de Menéndez, Tamer Yapur, Lépori y Dopazo, recusaron a González Macías. El primero de esos defensores era Daniel Pirrello, que es amigo íntimo de Otilio Romano. Pero después Pirrello se excusó, porque a esa causa se sumó la desaparición de dos hermanos que habían sido amigos de la infancia de este abogado y allí lo subrogó la otra defensora oficial de apellido Duranti, que también recusó al juez González Macías. Duranti luego se apartó de la defensa de Yapur porque había intereses contrapuestos entre Yapur y Menéndez, porque lo que servía para condenar a uno podría servir para defender al otro. Con una lista de defensores ad hoc que arma la propia Cámara, asumió la defensa la primera abogada de esa lista que era Verónica Romano, hija del camarista Otilio Romano, a la vez secretaria de Pirrello, quien también recusó a González Macías.

¿Con qué motivo recusaron al juez? Y esto es lo interesante. “Haber intervenido, cuando González Macías era camarista federal, en las investigaciones de 1986. Romano también recusó al juez Héctor Cortés, porque siendo defensor público en el año 2000 solicitó el inicio de los Juicios por la Verdad. Los abogados dijeron que González Macías intervino en la instrucción de estas causas y que votó la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Esas leyes no están en discusión. Esas leyes fueron declaradas nulas por el Congreso y por la Suprema Corte. Que los crímenes de lesa humanidad son abominables y no prescriben no es lo que está en debate. Haber declarado la nulidad de esas leyes de ninguna manera hace que un juez no sea imparcial. Un juez tiene que ser imparcial para determinar si esta persona sometida a juicio participó o no, de acuerdo a las pruebas reunidas, en la comisión de ese delito, pero que ese delito es abominable no está en discusión.

En definitiva más que defender a un imputado esos abogados están defendiendo la impunidad y la defensa de leyes nulificadas por la Corte Suprema. Respecto de la alegación específica de que González Macías intervino en la causa, la Cámara Federal que él integraba sí intervino, pero él no realizó ningún acto de investigación contra ninguno de los imputados, sino que fue otra sala de esa misma Cámara. Sin embargo la Cámara Nacional de Casación Penal tomó ese argumento para apartar a González Macías. El mecanismo de apartamiento es perverso: ¿Cuál es la idea?. Ese apartamiento es irrazonable, ilegal, prevaricador. La Cámara de Casación hizo dos cosas: Se pronunció en un expediente para el que no tenía competencia porque no estaba a su consideración. En una de las causas la recusación había sido rechazada por el Tribunal Oral Federal y el recusante no había apelado, con lo cual la Cámara de Casación no podía intervenir. La Cámara entonces toma otra causa, en la cual si tenía competencia y sostienen que el juez recusado intervino en la otra. Con estos argumentos y en esas condiciones ningún juez, ningún tribunal podría juzgar dos veces a un mismo imputado, porque una vez que lo juzgó, aunque los hechos fueran distintos, ni la Corte Suprema de Justicia podría intervenir. Lo que se busca entonces es un premio para el genocidio.

La idea es impedir el debate oral, porque como prueba documental están incorporadas las causas Rabanal-Luna de 1975 y 1976, con quince personas detenidas en cada causa. Romano y Miret recibieron declaraciones indagatorias a los detenidos en esas causas, los cuales rectificaron las declaraciones que habían hecho antes ante la policía, informándoles en la cara de los magistrados que habían sido torturados. La idea de evitar el debate es impedir la exposición de Romano y Miret, que son los que más tienen que perder en esto, porque en definitiva Menéndez está procesado en infinidad de causas en todo el país y otros de los que están implicados en la causa han sido excarcelados o tiene arresto domiciliario. Los que están realmente en peligro son Romano y Miret. El debate oral se va a realizar, pero la perversidad consiste en hacer lugar a la recusación de González Macías, las víctimas apelan, pero apelar dilata el procedimiento, que es lo que ellos quieren. ¿Qué hacer entonces? ¿Consentir la recusación y apartar a un juez decente indebidamente?. Así se ha manejado la Justicia Federal de Mendoza, dirigida por estos dos personajes que extienden su influencia sobre todo el fuero federal y esto así no va más. La investigación que tiene en sus manos el fiscal Palermo seguramente va a terminar con una acusación contra ambos magistrados como copartícipes en crímenes de lesa humanidad. La investigación que está realizando el Consejo de la Magistratura, a raíz de la denuncia de Organismos de Defensa de Derechos Humanos y de las víctimas del terrorismo de Estado seguramente va avanzar hacia la destitución y lo que viene ahora es limpiar ese fuero y prepararse para tener una Justicia Federal decente y comprometida con la democracia y los Derechos Humanos, que termine con este quiste de 35 años, el cual hasta ahora la democracia no ha sido capaz de corregir. (aplausos)

Especial para Periodistas en la red: Gustavo Heredia
flac0heredia@hotmail.com